Antes de nada, recordar que esta entrada es una ampliación de otra donde le revelamos TODOS los aspectos que tiene que tener en cuenta a la hora de llevar su caso ante el Tribunal de Estrasburgo. Por si es de su interés haga click sobre la siguiente entrada si quiere tener un conocimiento amplio sobre cómo “Presentar correctamente una demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos”.

Y entrando ya en la materia específica que nos ocupa en esta entrada, decir, que aunque es cierto que como enunciado general se puede decir que cualquier persona puede interponer una demanda contra España, en la práctica nos surgen dudas que vamos a intentar resolver con el siguiente texto:

Titulares del derecho a interponer demandas:

Toda persona física o jurídica puede ejercer su derecho de demanda individual sin que la nacionalidad, el lugar de residencia, el estado civil, la situación o la capacidad jurídica sean tenidos en cuenta (madre privada de la patria potestad (Scozzari y Giunta c. Italie [GC], § 138), o menor (A. c. Royaume-Uni), o incapaz sin el acuerdo de su tutora (Zehentner c. Autriche, §§ 39 y ss.).

Cualquier organización no gubernamental, en sentido amplio, es decir excluyendo las organizaciones que ejerzan poderes públicos, puede ejercer su derecho de demanda.

Véase para las personas jurídicas de derecho público que no ejercen ninguna potestad propia de un poder público:Les saints monastères c. Grèce, § 49, y Radio France et  autres c. France (dec.), §§ 24-26; y para las independientes del Estado, Compagnie maritime de la République islamique d’Iran c. Turquie, §§ 80-81, o Unédic c. France, §§ 48-59. 

En cambio, un municipio (Ayuntamiento de Mula c. Espagne (déc.)) o una sección municipal que comparte el ejercicio del poder público (Sección del municipio de Antilly c. France (dec.)) no están legitimadas para presentar una demanda basada en el artículo 34.

Cualquier grupo de particulares: una asociación informal, que, la mayoría de las veces, reagrupa temporalmente a varias personas («linguistique belge»).

El artículo 34 no permite las quejas in abstracto de una violación del Convenio. Los demandantes no pueden quejarse de una disposición de derecho interno únicamente porque parece infringir el Convenio (Monnat c. Suisse, §§31-32), ni el Convenio reconoce la actio popularis (Klass et autres c. Allemagne,§33; Parti travaillisteg géorgien c. Géorgie. (dec.); Burden c. Royaume-Uni [GC],§ 33), circunstancia que no nos parece propia de la naturaleza de este Tribunal, dado que en ocasiones puede ser precisamente la causa del temor a demandar a un país por algún tipo de situación de abuso o coacción sobre una persona que, por miedo, el interesado no se atreva a exponer ante el Tribunal Europeo, hechos o situaciones que, sin embargo parece sano para la sociedad, fueran enjuiciados a través de la acción popular.

Demanda presentada a través de un representante:

Cuando un demandante elige hacerse representar en lugar de presentar él mismo su demanda, el  artículo 45 § 3 del Reglamento del Tribunal exige que aporte poder debidamente firmado. Poder que no se exige sea expedido ante fedatario público, sino que es válido por escrito firmado entre representado y representante. Es esencial que el representante demuestre haber recibido instrucciones específicas y explícitas de la persona que se considera víctima, según el artículo 34, en nombre de la cual pretende actuar ante el Tribunal (Post c. Pays-Bas.).

Sobre la validez de un poder de representación: Aliev c. Géorgie, §§ 44-49. Sobre la autenticidad de una demandaVelikova c. Bulgarie, §§ 48-52.

Abuso del derecho de demanda individual.

Tratándose del comportamiento de un demandante contrario a la finalidad del derecho de demanda, véase la noción de abuso del derecho de demanda individual según el artículo 35 § 3 del Convenio: Mirolubovs et autres c. Letonia, §§ 62 y ss.

Libre ejercicio del derecho de demanda:

El derecho de demandar ante el Tribunal es absoluto y no admite ninguna traba. Este principio implica una libertad de comunicación con los órganos del Convenio (Correspondencia en privación de libertad: Peers c. Grèce, § 84; Kornakovs c. Lettonie, §§ 157 y ss.). Véase en este sentido el Acuerdo europeo concerniente a las personas parte en los procedimientos ante el Tribunal europeo de derechos humanos de 1996 (STCE 161).

Las autoridades nacionales deben abstenerse de cualquier presión que pretenda hacer desistir de las quejas de una demanda o modificarlas. Según el Tribunal, las presiones pueden consistir en coacciones directas y actos flagrantes de intimidación de los demandantes declarados o potenciales, de su familia o de su representante legal, pero también en actos o contactos indirectos de mala fe (Mamatkoulov y Askarov c. Turquie [GC], § 102). 

El Tribunal examina el efecto disuasorio sobre el ejercicio del derecho de demanda individual (Colibaba c. Moldova., § 68). Hay que contemplar la vulnerabilidad del demandante y el riesgo de que las autoridades influyan sobre él (Iambor c. Roumanie (nº 1), § 212). Un demandante puede encontrarse en una situación particularmente vulnerable cuando está en prisión provisional y cuando sus contactos con su familia o el mundo exterior están sometidos a restricciones (Cotlet c. Roumanie, § 71).

Es por ello que hablábamos antes de lo interesante que hubiera sido haber admitido la acción popular para llevar un asunto ante el Tribunal. Ejemplos a considerar:

  • Para interrogatorios llevados a cabo por las autoridades respecto de la demanda: Akdivar et autres c. Turquía [GC] § 105; Tanrikulu c. Turquie [GC]§ 131; 
  • Amenazas de procesos penales contra el abogado de la demandante: Kurt c. Turquie, §§ 159-165, o queja de las autoridades contra el abogado en el procedimiento interno: McShane c. Royaume-Uni § 151;
  • Interrogatorio por la policía al abogado y al traductor de la demandante en relación con la demanda de satisfacción equitativa: Fedotova c. Russie, §§ 49-51; o incluso Riabov c. Russie* §§ 53-65, una investigación ordenada por el representante del Gobierno;
  • Imposibilidad para el abogado y el médico de reunirse con el demandante: Boicenco c. Moldova*,§§ 158-159;
  • Incumplimiento de la confidencialidad de los informes abogado/ demandante en un locutorio: Oferta Plus SRL c. Moldova*,§ 156;
  • Amenazas expresadas por las autoridades penitenciarias: Petra c. Roumanie,§ 44;
  • Negativa de la administración penitenciaria a enviar una demanda al Tribunal debido a que las vías de recurso internas no habían sido agotadas: Nourmagomedov c. Russie*,§ 61; 
  • Presiones sobre un testigo en un asunto ante el Tribunal relativo a las condiciones de privación de libertad: Novinski c. Russie*,§§ 119 y ss;
  • Observaciones disuasorias de las autoridades penitenciarias acompañadas de la omisión y el retraso injustificados en el suministro al detenido de lo necesario para su correspondencia y de los documentos requeridos para su demanda ante el Tribunal: Gagiu c. Roumanie,§§ 94 y ss. 

Y es que, las circunstancias del caso pueden atenuar el artículo alegado al derecho de demanda individual: Syssoyeva et autres c. Lettonie [GC]§§ 118 y ss.

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Qué entiende el Tribunal Europeo por “víctima”:

Noción de víctima

La noción de “víctima” es interpretada de manera autónoma e independiente de las reglas del derecho interno tales como las relativas al interés en ser parte o la condición de parte (Gorraiz Lizarraga et autres c. Espagne, § 35). La noción no implica la existencia de un perjuicio (Brumarescu c. Roumanie [GC],§ 50). Un acto que tiene efectos jurídicos temporales puede ser suficiente (Monnat c. Suisse, §.

La noción de “víctima” ha sido objeto de una interpretación evolutiva a la luz de las condiciones de vida actuales y su aplicación debe hacerse sin excesivo formalismo (Gorraiz Lizarraga et autres c. Espagne, § 38; Monnat c. Suisse, §§ 30-33; Stukus et autres c. Pologne, § 35; Zietal c. Pologne, §§ 54-59). El Tribunal ha sostenido que la cuestión de ostentar la condición de víctima puede estar vinculada al fondo del asunto (Siliadin c. France, § 63).Suponemos que con estos criterios jurisprudenciales se deja abierta una ventana demasiado subjetiva al ejercicio no estrictamente personalísimimo de articular la acción.

Víctima directa 

El acto o la omisión litigiosos deben afectar de manera directa al demandante (Amuur c. France,§ 36). Este criterio no se aplica sin embargo de manera mecánica e inflexible (Karner c. Autriche, § 25). 

El Tribunal ha admitido, en virtud de las circunstancias del caso concreto, el recurso de una víctima «potencial» es decir, la que no puede quejarse de una violación directa.

Algunos ejemplos: la sentencia concerniente a las escuchas telefónicas en Alemania (Klass et autres c. Allemagne, § 34); un asunto relacionado con una extradición (Soering c. Royaume-Uni), medidas que restringen la distribución de información relativa al aborto a mujeres en edad de procrear (Open Door y Dublin Well Woman c. Irlande, § 44).

En cambio, las sospechas o conjeturas no son suficientes para ostentar la condición de víctima: ausencia de orden formal de expulsión (Vijayanathan y Pusparajah c. France,§ 46); consecuencias de un informe parlamentario (Féderation chrétienne des témoins de Jéhovah de France c. France (dec.); la eventual multa impuesta a la sociedad demandante (Senator Lines c. Etats de l’UE [GC] (dec.); las alegadas consecuencias de una decisión judicial para una tercera persona en coma (Ada Rossi et autres c. Italie (dec.). Un demandante no puede considerarse víctima cuando personalmente es, responsable en parte de la violación alegada (Pasa y Erkan Erol c. Turquie). 

Tratándose de una ley nacional, un particular puede sostener que aquélla desconoce sus derechos, en ausencia de acto individual de ejecución, si es obligado a cambiar de comportamiento bajo pena de ser perseguido judicialmente (Norris c. Irlande; Bowman c. Royaume-Uni) o si forma parte de una categoría de personas con riesgo de sufrir directamente los efectos de la legislación (Burden c. Royaume-Uni [GC],§34; Johnston et autres c. Irlande). Para un asunto relativo a una Constitución: véase Sejdic y Finci c. Bosnie-Herzégovine[GC],29.

Víctima indirecta 

El Tribunal puede aceptar la demanda individual de una persona considerada víctima indirecta, cuando existe un vínculo particular y personal entre la víctima directa y el demandante.

Por ejemplo: véase al amparo del artículo 2, el recurso de la esposa de la víctima (McCann et autres c. Royaume-Uni [GC]), o el sobrino del difunto (Yasa c.Turquie, § 66). En virtud del artículo 3, el recurso de la madre de un hombre desaparecido durante su privación de libertad, de la cual ella fue testigo (Kurt c. Turquie). Sin embargo, el hermano de un desaparecido no ha sido considerado como víctima (Çakici c. Turquie [GC], §§ 98-99): Concretamente se expresa esta sentencia diciendo que “Depende de la existencia de factores particulares  que confieran al padecimiento de la persona demandante una dimensión y un carácter distintos de la pena efectiva que se considera inevitable para los familiares de una persona víctima de violaciones graves de derechos humanos. Entre estos factores figura la proximidad familiar (el vínculo entre padres e hijos queda privilegiado), las circunstancias particulares de la relación, la medida en la cual el familiar ha sido testigo de los hechos, su participación en los intentos de obtener información sobre la persona desaparecida y reacción de las autoridades a sus demandas”.

Al amparo del artículo 5 § 5, véase el caso del esposo de una demandante internada (Houtman y Meeus c. Belgique, § 30). Con fundamento en el artículo 6 § 1 (proceso equitativo), véase Gradinar c. Moldova..,(imparcialidad de los tribunales); (duración del procedimiento y proceso equitativo) (derecho a defender la reputación del esposo muerto) Brudnicka et autres c. Pologne, §§ 26 y ss., (duración del procedimiento y proceso equitativo) (Marie-Louise Loyen y Bruneel c. France). En virtud del artículo 6 § 2, véase el caso de la viuda de un acusado víctima de una vulneración del derecho a la presunción de inocencia (Nölkenbockhoff c. Allemagne, § 33). Al amparo del artículo 10, sobre el interés de la esposa del demandante fallecido: Dalban c. Roumanie [GC]§ 39. Por otra parte, los socios no pueden pretenderse víctimas de una violación de los derechos de su sociedad desde la perspectiva del artículo 1 del Protocolo nº 1 (Agrotexim et autres c. Grèce, §§ 62 et 64), salvo en circunstancias excepcionales (Camberrow MM5 AD c. Bulgarie)).

Fallecimiento de la víctima 

Una demanda sólo puede ser presentada por personas vivas o en su nombre; una persona fallecida no puede, ni siquiera a través de un representante, presentar una demanda ante el Tribunal (Kaya y Polat c. Turquie). La defunción no conlleva automáticamente la supresión del asunto del alarde (relación de asuntos pendientes) del Tribunal.

En general, los miembros de la familia del demandante originario pueden mantener la demanda, con la condición de que tuvieran un interés suficiente para ello, cuando el demandante originario falleciera tras la presentación de su demanda ante el Tribunal: el caso de herederos o de parientes cercanos como viuda e hijos (Raimondo c. Italie,§ 2; Stojkovic c. L’ex-République yougoslave de Macédoine.,§ 25); padres (X. c. France, §26); para otro caso(Malhous c. Républquea tchèque [GC] (dec.)); y, a contrario, la sentencia Scherer c. Suisse, §§ 31-32; sobre un legatario universal sin vínculo de parentesco ver Thévenon c. France (dec.); también Léger c. France [GC] (archivo), §§ 50-51.

La situación es en cambio diferente cuando la víctima directa ha fallecido antes de acudir al Tribunal (Fairfield c. Royaume-Uni). Respecto de una demanda que concierne a las quejas referidas a la muerte de un allegado, verVelikova c. Bulgarie, o relativas a la desaparición de un allegado: Varnava et autres c. Turquie [GC], § 112.

En relación con las quejas derivadas del artículo 6, véase Micallef c. Malte [GC],§§ 48 y ss., con las referencias que allí se citan.

Para allegados que plantean quejas de los artículos 8 a 11 y 3 del Protocolo nº 1 por procedimientos y hechos que se remiten al propio difunto: Gakiyev y Gakiyeva c. Russie*., §§ 164-168, (y las referencias que allí aparecen). Sobre la cuestión de las quejas transmisibles: Sanles Sanles c. Espagne (dec.).

El Tribunal es competente para apreciar la oportunidad de continuar su examen con el propósito de proteger los derechos humanos (Karner c. Autriche, §§ 25 y ss.). Esta competencia está subordinada a la existencia de una cuestión de interés general (ibidem, § 27, y Marie-Louise Loyen y Bruneel c. France, § 29), cuestión que puede plantearse, particularmente, cuando la demanda afecta a la legislación o a un sistema o a una práctica jurídica del Estado demandado (mutatis mutandis, Karner c. Autriche, §§ 26 y 28; véase también Léger c. France [GC] (archivo), § 51). 

Pérdida de la condición de víctima 

El demandante debe poder justificar su condición de víctima durante toda la duración del procedimiento (Bourdov c. Russie, § 30).

No obstante la atenuación de una pena, la adopción de una decisión o de una medida favorable al demandante por las autoridades nacionales, conllevará la pérdida de la condición de víctima sólo si está acompañada por un reconocimiento explícito o, al menos, sustancial de la violación, seguido de una reparación: Scordino c. Italie (nº 1) [GC],§§ 178 y ss. y § 193. Particularmente, ello depende de la naturaleza del derecho cuya violación es alegada, de la motivación de la decisión (Jensen c. Danemark (dec.)) y de la persistencia de las consecuencias desfavorables para el interesado después de esta decisión: Freimanis et autres c. Lettonie, § 68.

Por ejemplo: Dalban c. Roumanie [GC],§ 44 (artículo 10); Brumarescu c. Roumanie [GC],§ 50 (artículos 1 de los Protocolos nº 1 y 6); sobre las quejas referidas al artículo 6 concernientes a un procedimiento finalmente anulado o seguido de una absolución: véase Oleksy c. Pologne. (dec.) (y comparar con una queja derivada de la duración de este procedimiento), a comparar con Arat c. Turquie*,§ 47, y Bouglame c. Belgique (dec.); y los casos específicos: Constantinescu c. Roumanie,§§ 40-44; Guisset c. France, §§ 66-70; Chevrol c. France, §§ 30 y ss; (detención) Moskovets c. Russie,§ 50; (multa) Moon c. France, §§ 29 y ss; (artículo 2 del protocolo nº 4). D.J. y A.-K. R c. Roumanie (dec.),§ 77 y ss ; (artículo 4 del protocolo nº 7) Sergueï Zolotoukhine c. Russie [GC],§ 115.

La reparación debe ser apropiada y suficiente. Esto depende del conjunto de las circunstancias del asunto, en particular, de la naturaleza concreta de la violación del Convenio. Gäfgen c. Allemagne [GC], § 116. El estatuto de víctima puede depender, además, del importe de la indemnización acordado por el juez nacional y de la efectividad (incluida la celeridad) del recurso que permite percibir tal importe: Normann c. Danemark (dec.),y Scordino c. Italia (nº 1),§ 202, o Jensen y Rasmussen c. Danemark (dec.), Gäfgen c. Allemagne [GC], §§ 18 y 19.

Precedentes:

  • En cuanto a la cuestión de las medidas apropiadas tomadas por las autoridades nacionales que se tratan en el artículo 2 del Convenio, véase Nikolova y Velichkova c. Bulgarie*, §§ 49-64.
  • En cuanto al artículo 3 del Convenio: Gäfgen c. Allemagne [GC],§§ 115-129. Sobre las alegaciones de violación del artículo 3 debido a las condiciones de privación de libertad: Shilbergs c. Russie*, §§ 66-79.
  • En cuanto al artículo 6 § 1 (duración del procedimiento): Scordino c. Italie (nº 1) [GC] §§ 182-207 y Cocchiarella c. Italie [GC],§§ 84-107, Delle Cave y Corrado c. Italie, §§26 y ss; (retraso en la ejecución de una decisión judicial definitiva): Kudic c. Bosnie-Herzégovine*,§§ 7-18, Bourdov c. Russie (nº 2). 

Un asunto puede ser archivado por el Tribunal como consecuencia de la pérdida de la condición de víctima por el demandante/locus standi (resolución del asunto a nivel interno después de la decisión de admisibilidad: Ohlen c. Danemark*; en relación con un acuerdo de cesión de derechos objeto de las demandas en curso de examen por el Tribunal: Dimitrescu c. Roumanie, §§ 33-34).

Por otro lado, el Tribunal estudia los acontecimientos que se han producido con posterioridad a la presentación de una demanda para verificar si el asunto debe ser excluido del alarde por uno o varios de los motivos enunciados en el artículo 37 del Convenio, con independencia de que el demandante pueda todavía considerarse «víctima» (Pisano c. Italie [GC] (archivo), § 39), incluso con independencia de si puede continuar reclamando dicha condición (para desarrollos posteriores a la decisión de inhibirse en favor de la Gran Sala: El Majjaoui y Stichting Touba Moskee c. Pays-Bas [GC] (archivo), §§ 28-35; después de haber sido declarada admisible la demanda: Chevanova c. Lettonie [GC] (archivo), §§ 44 y ss.; y después de una sentencia de Sala, Syssoyeva et autres c. Lettonie [GC], § 96).


Esperamos haber resuelto sus dudas en torno a esta interesante y práctica cuestión. En todo caso quedamos a su disposición por si necesita resolver más dudas.

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Esperamos les resulte de interés nuestro artículo, y agradecemos sus comentarios.

Saludos.