Saliba c. Malta

Esta sentencia es de 8 febrero 2006, (Application no. 4251/02), e incide en el derecho a la propiedad. Conozcámosla!:

Vivienda representativa del Derecho a la propiedad privada

Indice de Contenidos.

Los hechos.

Esta resolución responde a una demanda presentada por un ciudadano maltés que alega que sus derechos como propietario de sus bienes fueron violados por una orden de derribo de su almacén, vulnerando el art. 1 del Protocolo n.º 1 del Convenio Europeo de Derechos Humanos.

El demandante compró un terreno agrícola, en el que se habían construido previamente algunas edificaciones rurales sin las debidas licencias de urbanismo. La policía acusó al demandante, en virtud de la legislación entonces vigente, del delito de haber llevado a cabo obras de construcción sin la necesaria licencia, y solicitó el tribunal penal que ordenara el derribo de las edificaciones. 

El Tribunal absolvió al demandante y no se ordenó el derribo. Mientras tanto, el Parlamento cambió la legislación en el sentido de que, a pesar de la absolución de la persona acusada, el tribunal podía ordenar el derribo de un edificio sin licencia de construcción.

La policía, en franca violación del artículo 1 del Protocolo núm. 7 del Convenio, volvió a acusar al demandante del mismo delito; el tribunal encontró culpable al demandante y ordenó el derribo del edificio. El demandante apeló y el Tribunal de Apelación Penal admitió la violación del precepto de ne bis in idem y anuló la sentencia.

Sin embargo, aplicando la nueva legislación, ordenó el derribo de los edificios del demandante.

La resolución del TEDH

El TEDH considera que una medida conducente a controlar el uso de los bienes en el sentido del artículo 1 del Protocolo n.º.1 del Convenio puede únicamente estar justificada si se demuestra que está en conformidad con el requisito de legalidad, que busca la persecución de un fin legítimo y que tras su adopción aún se mantiene un equilibrio justo entre las demandas del interés general de la comunidad y la exigencia de la protección de los derechos fundamentales de la persona.

El Tribunal concluye que la medida en cuestión satisfacía el requisito de legalidad en el sentido del artículo 1 del Protocolo n.º.1, que perseguía el fin legítimo de conservar el medio ambiente y garantizar el cumplimiento de las normas de urbanismo, con vistas a establecer un desarrollo ordenado de las zonas rurales y que ha habido un equilibrio justo entre el interés general de la comunidad (una protección total del medio ambiente, así como disuadir a otros infractores potenciales) y el derecho del demandante a la propiedad.

Por estos motivos el Tribunal declara, por cinco votos contra dos (las opiniones disidentes han sido del Juez Señor Bonello a la que se une el Juez Señor Borrego Borrego), que no ha habido violación del artículo 1 del Protocolo n.º.1 CEDH. En su voto particular El Juez Señor Bonello se muestra “perplejo por cómo el Tribunal ha considerado la privación de un bien basada, y derivada, de una nulidad legal, conforme con la legislación.” Y termina concluyendo: “No hay duda de que el edificio en cuestión estaba en una condición de objetiva ilegalidad (debido a la infracción de un tercero, no del demandante). Tampoco hay duda de que las autoridades estaban incurriendo en una ilegalidad referente a derechos humanos al iniciar la segunda acción penal contra el demandante. Cuando llegó el momento de elegir cuál de las dos ilegalidades penalizar, un Tribunal de Derechos Humanos encontró más nefanda la culpabilidad de las piedras que la ilegalidad de una muy deliberada violación de derechos humanos por parte de la acusación. Este Tribunal bendijo la infracción de un Estado acusador cuya función era reprimir las infracciones de otros, antes que ser visto indultando a dos edificios en algún sitio en medio de la nada. Por infringir con malicia premeditada la norma territorial fundamental y el Convenio Europeo de Derechos Humanos, un tribunal interno concedió a la acusación el premio que buscaba.

Enlazando con lo ya comentado de este caso respecto la vulneración del art. 5§1, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos decide, por su propia iniciativa, examinar el reiterado fracaso en cumplir lo determinado en el juicio de 18 de septiembre de 2001, de la Corte del Distrito de Basmanniy. El Tribunal observa que en 18 de septiembre de 2001 el recurrente obtuvo un juicio en su favor y en contra la Hacienda Federal. Tras el recurso de apelación de 16 de enero de 2002 el juicio se ha hecho final y exigible. Sin embargo, y a pesar de que el juicio del día 24 de noviembre de 2004 modifica la cantidad de la cuantía inicial en atención a la inflación, la decisión todavía no ha sido ejecutada.

El Tribunal considera que todos los retrasos en los procedimientos de ejecución internacional de derechos humanos lo avaló. Mi escala de valores entiende que hay algo de lo que vale la pena disentir. Muchas personas alegarán que no se podía tolerar la objetiva ilegalidad de los edificios. Que nunca debería ser aprobada. Yo, también, detesto las infracciones urbanísticas con considerable pasión. Y detesto aún más el asesinato. Mi aversión, sin embargo, no me lleva a pensar que la norma de Derecho pueda ser alterada, con tal de que el delito no quede impune. Creo que, hoy por hoy, la cultura de derechos humanos va más allá. Pero mi posición es de desengaño. El fin parece justificar la mezquindad.

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