El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, fue creado en 1949 por el Consejo de Europa, siendo éste una organización intergubernamental cuyos principales objetivos son:
– lograr una unión más estrecha entre sus miembros;
– proteger y promover los derechos humanos, la democracia pluralista y la preeminencia del derecho;
– favorecer la toma de conciencia y el desarrollo de la identidad y de la diversidad cultural europea;
– buscar soluciones a los problemas de la sociedad europea (xenofobia, intolerancia, protección del medio ambiente, clonación humana, sida, droga, crimen organizado, etc.);
– ayudar a consolidar la estabilidad democrática en Europa apoyando reformas políticas, legislativas y constitucionales.
En el momento de esta publicación, el Consejo de Europa cuenta con 47 Estados miembros que representan una población de mas de 800 millones de personas.
Los gobiernos, los parlamentos nacionales y las colectividades locales y regionales están representados en diferentes órganos del Consejo de Europa:
El Comité de Ministros, formado por los ministros de Asuntos Exteriores de los Estados miembros o sus representantes permanentes en Estrasburgo, es el órgano de decisión del Consejo de Europa.
La Asamblea parlamentaria, cuyos miembros son nombrados por los parlamentos nacionales, es el órgano de deliberación. El Congreso de poderes locales y regionales de Europa es un órgano consultivo en el que están representadas las colectividades locales y regionales. Además, el Consejo dialoga con cerca de 400 organizaciones no gubernamentales (ONG) dotadas de estatuto consultivo.
Los derechos humanos tienen una función muy importante en las relaciones del Estado con los ciudadanos pues controlan y rigen el ejercicio del poder del Estado, otorgan libertades a las personas y exigen que los Estados satisfagan las necesidades humanas fundamentales de las personas que se encuentran bajo su jurisdicción. Estos derechos son recogidos en textos o instrumentos internacionales que han sido adoptados por los Estados y que establecen las normas a observar. El texto más conocido es la Declaración Universal de Derechos Humanos, proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1948. Se trata de una declaración de principios que sigue ejerciendo una gran influencia en todo el mundo. No tiene fuerza de ley, pero muchos juristas consideran que se ha vuelto jurídicamente vinculante en la práctica internacional, ya que es reconocida por las constituciones y la jurisprudencia de muchos países.
La mayoría de la gente asocia el Consejo de Europa con los derechos humanos.
Inspirándose en la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Consejo de Europa elaboró el Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (CEDH). Este Convenio, abierto en 1950 a la firma de los quince Estados que entonces componían el Consejo de Europa, es importante por tres razones principales:
– Los derechos y las libertades de cada persona son garantizados por los Estados signatarios (también llamados “Estados contrayentes”, en términos jurídicos internacionales)
– Por primera vez, un tratado internacional sobre derechos humanos ha sido dotado de un mecanismo concreto de control de los derechos que garantiza;
– Los parlamentos y otros órganos legislativos o judiciales nacionales disponen así de una sólida referencia en materia de derechos humanos a la hora de elaborar o interpretar las leyes. Este último aspecto ha sido especialmente relevante estos últimos años, en los que las nuevas democracias de Europa Central y Oriental han entrado a formar parte del Consejo de Europa.
En resumen, el CEDH y sus protocolos garantizan:
El derecho:
· A la vida, a la libertad y a la seguridad de las personas;
· A un proceso equitativo en materia civil y penal;
· A votar y a presentarse a elecciones;
· A la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión;
· A la libertad de expresión (incluida la libertad de prensa);
· Al respeto de los bienes personales;
· A la libertad de reunión y de asociación.
La prohibición:
· De la tortura y de las penas o tratos inhumanos o degradantes;
· De la pena de muerte;
· De la esclavitud y del trabajo forzado;
· De la discriminación en el goce de los derechos y libertades garantizados en el Convenio;
· De la expulsión o el rechazo, por parte del Estado, de sus propios ciudadanos;
· De la expulsión colectiva de extranjeros.
Tanto las personas como los Estados pueden interponer recursos ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, si bien, en el presente estudio, nos centraremos exclusivamente en las demandas interpuestas por particulares.
El Convenio europeo para la protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales («el Convenio»), se basa en el principio de subsidiariedad. Esto es, incumbe en primer lugar a los Estados parte del Convenio garantizar su aplicación, y sólo debe intervenir el Tribunal Europeo de Derechos Humanos («el Tribunal») cuando los Estados no han cumplido su obligación.
El control de Estrasburgo se activa, esencialmente, por medio de demandas individuales por lo que al Tribunal puede someterse cualquier persona, física o jurídica que haya visto vulnerado un derecho previsto en el convenio, por un Estado parte del Convenio. El número de demandantes potenciales es por consiguiente inmenso: además de los ochocientos millones de habitantes de Europa y los nacionales de terceros países que en ella residen o por ella transitan, hay que considerar a millones de asociaciones, fundaciones, partidos políticos, empresas, etc… sin olvidar a las personas que, por actos extraterritoriales de los Estados parte del Convenio, cometidos fuera de sus respectivos territorios, se encontrarían sujetas a su jurisdicción.
Desde hace varios años, y debido a diversos factores, el Tribunal está inundado de demandas individuales (más de 170.000 estaban pendientes a enero de 2012. Ahora bien, un alto porcentaje de ellas son inadmitidas, sin examen sobre el fondo, por no haber cumplido uno de los criterios de admisibilidad previstos por el Convenio. Esta situación provoca una doble frustración. Por una parte, teniendo la obligación de responder a cada demanda, el Tribunal no se halla en situación de ocuparse en plazos razonables de los asuntos que necesitan un examen sobre el fondo, y ello sin una utilidad real para los justiciables. Por otra parte, decenas de miles de demandantes ven inexorablemente rechazadas sus pretensiones sin sentir se haya examinado si quiera su asunto. Es por ello muy importante, la especialización de los abogados en este particular ámbito del derecho, a fin optimizar las posibilidades de éxito.