¿España ha de investigar los delitos que ocurren contra el pueblo saharaui?
Límites del autor:
Quien suscribe es abogado experto en las cuestiones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Sin embargo, no conozco la realidad del pueblo saharaui.
Es por ello que parto de la ignorancia de si la idea que lanzo puede o no tener algún tipo de utilidad o interés para el pueblo saharaui por mas que jurídicamente fuera correcto cuanto afirmo.
Recorrido histórico
Resumen que ayuda a encuadrar la cuestión:
Tras el final de la Guerra de África a mediados del siglo XIX, España se queda con la ciudad de Tetuán, lo que a la postre le permitiría establecer una colonia en el Sahara Occidental como hicieron muchas otras potencias europeas en el resto de África. El Sahara occidental fue protectorado español desde 1884.
En 1970, la ONU aprueba la Resolución 2711 en la que se establece la celebración de un referéndum de autodeterminación en el Sáhara español. Tras negarse en un principio, España anuncia en 1974 su realización en 1975. Sin embargo, los ataques diplomáticos marroquíes y la guerrilla con el Frente Polisario (fundado en 1973) complican el proceso, unido a la dificultad manifiesta de realizar el censo debido al gran número de población nómada en el territorio.
Marruecos se oponía de frente a la consulta y pidió a la Corte Internacional de Justicia que se pronunciara sobre si el Sahara era res nullius. La ONU pidió a España que paralizase el proceso hasta que la Corte se pronunciase. La Corte Internacional de Justicia, a través de la opinión consultiva del 16 de octubre de 1975, estableció por unanimidad que el Sahara Occidental en el momento de su colonización por España no era un territorio sin dueño y que ni Marruecos ni Mauritania tenían derechos de soberanía sobre el territorio del Sahara Occidental. La corte llegó a esta conclusión tras reconocer que existían “vínculos jurídicos de lealtad entre el Sultán y algunos, pero sólo algunos de los pueblos nómadas del territorio” que como ya se ha anticipado no eran suficientes para establecer la soberanía marroquí. Además, dictaminó que seguía, por tanto, siendo de aplicación la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General de las Naciones Unidas, sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales.
El matiz que establecía vínculos entre los pueblos nómadas que vivían en el Sáhara occidental y el Sultán sirvió de pretexto a Marruecos para organizar la Marcha Verde. Esta consistió en la marcha y ocupación del Sahara español por parte de cientos de miles de ciudadanos marroquís y militares.
Como resultado, se celebra un Acuerdo Tripartito en Madrid el 14 de noviembre de 1975 entre España, Marruecos y Mauritania. El acuerdo entró en vigor por la Ley 40/1975, de 19 de noviembre, sobre descolonización del Sahara. El preámbulo de dicha ley indicaba que el Sáhara Occidental nunca había formado parte del territorio español, lo que era manifiestamente incoherente con la legislación previa que trataba al Sahara como una provincia. Este último hecho ha sido reconocido por la jurisprudencia española.
El 26 de febrero de 1976, el representante permanente de España ante las Naciones Unidas comunicaba que el Gobierno español daba por terminada definitivamente su presencia en el territorio, ya que cesaba «su participación en la Administración temporal que se estableció para el mismo» por lo que se consideraba exenta de toda responsabilidad de carácter internacional en relación con la administración del territorio, pero matizando que «la descolonización culminará cuando la opinión de la población saharaui se haya expresado válidamente».
Un día después, Marruecos transmitió al secretario general de las Naciones Unidas que «la Yemaá del Sahara, reunida en sesión especial el 26 de febrero de 1976 en El Aaiún, había aprobado por unanimidad la reincorporación del territorio del Sahara a Marruecos y Mauritania, de conformidad con las realidades históricas y con los vínculos que han unido siempre a la población sahariana con esos dos países». Dicha decisión sería contraria al mencionado dictamen del 16 de octubre de 1975 de la Corte Internacional de Justicia que no había encontrado vínculos de soberanía territorial entre el Sáhara Occidental con el Reino de Marruecos y/o Mauritania. Marruecos ocupó la zona septentrional y oriental del territorio y Mauritania, la meridional. El Frente Polisario anunció que continuaría con la guerra de guerrillas y proclamó la noche del 28 al 29 de febrero la República Árabe Saharaui Democrática
Cabe destacar que según un informe solicitado por el Consejo de Seguridad al asesor jurídico de las Naciones Unidas, los Acuerdos de Madrid no hicieron a Marruecos ni a Mauritania potencias administradoras del territorio, por lo que este sigue siendo, a efectos jurídicos, un territorio no autónomo administrado por España. Este informe (documento S/2002/161) dirigido al presidente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, y fechado el 29 de enero de 2002, indica en su párrafo sexto:
“El 14 de noviembre de 1975 España, Marruecos y Mauritania emitieron en Madrid una declaración de principios sobre el Sahara Occidental (el “Acuerdo de Madrid”), con arreglo al cual las facultades y responsabilidades de España, como Potencia administradora del Territorio, se transfirieron a una administración temporal tripartita. El Acuerdo de Madrid no transfirió la soberanía sobre el Territorio ni confirió a ninguno de los signatarios la condición de Potencia administradora, condición que España, por sí sola, no podía haber transferido unilateralmente. La transferencia de la autoridad administrativa sobre el Territorio a Marruecos y Mauritania en 1975 no afectó la condición internacional del Sahara Occidental como Territorio no autónomo.”
La ONU sigue trabajando para solucionar el conflicto a través de la Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental (MINURSO) que se estableció por la Resolución 690 del Consejo de Seguridad de 29 de abril de 1991. El plan de arreglo, tal como fue aprobado por el Consejo de Seguridad, establecía un periodo de transición para preparar la celebración de un referéndum en el que el pueblo del Sáhara Occidental elegiría entre la independencia y la integración con Marruecos. La misión sigue en pie pues ha sido prorrogada en resolución del consejo de seguridad Resolución 2351 (2017) hasta el 30 de abril de 2018 ya que hasta la fecha no ha sido posible la organización del referéndum
En el 2006, en un informe del Secretario General de la ONU sobre la situación relativa al Sahara Occidental, se exponía que ningún estado reconoce formalmente la anexión marroquí.
Competencia territorial de España en primera instancia
La jurisdicción de España sobre el Sáhara Occidental ha sido afirmada ya por la jurisprudencia española. Lo más destacado a este respecto es el auto de la Audiencia Nacional 40/2014 en el que se establece que España de iure, aunque no de facto, sigue siendo Potencia Administradora del Sáhara Occidental, y como tal, está sometida a las obligaciones que se recogen en los artículos 73 y 74 de la Carta de Naciones Unidas. Entre estas últimas se incluye “asegurar, con el debido respeto a la cultura de los pueblos, su adelanto político, económico, social y educativo, el justo tratamiento de dichos pueblos y su protección contra todo abuso…”. De ahí concluye la Audiencia Nacional que España debe dar protección jurisdiccional a los ciudadanos del Sáhara Occidental que denuncien delitos ocurridos en su territorio. Por su tremendo valor reproducimos a continuación las palabras de la Audiencia Nacional española:
“El estatus jurídico del Sahara occidental en los términos que se indican por el Ministerio Fiscal se corresponde con el que se hace constar en el escrito de fecha 29 de enero de 2002 dirigido al presidente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas por el Secretario General adjunto para los asuntos jurídicos, que expresamente se recoge en los antecedentes de la reciente sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el asunto A.C y otros c. España, Demanda no 6528/11, de 22 de abril de 2014 .
Conviene esta Sala, pues, con el Ministerio Fiscal, que el juzgado de instrucción remitente de las actuaciones tiene jurisdicción para el conocimiento de los hechos objeto de querella en atención al criterio de territorialidad del art 23. 1 de la LOPJ y no del de jurisdicción universal del art 23.4 de la LOPJ , por lo que no se ve afectado por la reciente reforma de dicho artículo, como consecuentemente tampoco resulta aplicable la disposición transitoria única de la LO 1/2014”.
Con base en la jurisprudencia española podemos afirmar que España tiene jurisdicción sobre el Sáhara Occidental para investigar delitos ocurridos en dicho territorio. Y así llegamos a la tercera pregunta.
¿Tiene competencia territorial el TEDH en el Sáhara Occidental?
Antes de avanzar, decir que lo expuesto hasta ahora se puede considerar absolutamente objetivo. Pero en adelante el proceso lógico jurídico que se vierte no deja de ser una mera opinión jurídica.
En primer lugar, el hecho de que España haya reconocido su jurisdicción para conocer de delitos conocidos en el territorio del Sahara Occidental no conlleva sin mas que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos pueda conoce de violaciones de derechos cometidos en ese territorio. La cuestión debe estudiarse de forma separada.
Veamos:
El artículo 1 de la CEDH establece que “Las Altas Partes Contratantes reconocen a toda persona bajo su jurisdicción los derechos y libertades definidos en el Titulo I del presente Convenio.” Por tanto, para que un caso pueda ser juzgado por el TEDH, la violación de derechos alegada tiene que haber ocurrido dentro de la jurisdicción de un Estado Contratante en el sentido de dicho artículo.
La mayoría de los casos que han llegado ante el tribunal de Estrasburgo en los que el Estado acusado ha negado la competencia de la corte basándose en la jurisdicción, se refieren a situaciones en las que agentes de un Estado contratante han cometido violaciones de los derechos consagrados en el convenio fuera del territorio del propio estado. El TEDH ha respondido creando el concepto de “control efectivo” por el que se entiende que la corte tiene jurisdicción, en el sentido del art.1, si un estado tiene jurisdicción de facto aunque no de iure en el momento en el que aconteció la alegada violación de derechos (véase Hirsi Jamaa y otros c. Italia). Este razonamiento no sirve para el caso del Sáhara Occidental, pues estamos ante la situación opuesta en tanto que no se discute que España no tiene el control efectivo sobre el Sahara Occidental sino que lo que ostenta es jurisdicción de iure. Jurisdicción de iure que como hemos visto está declarada por Naciones Unidas y por nuestros propios tribunales de justicia.
Siguiendo la lógica del párrafo anterior, se han planteado casos ante el TEDH en los que aunque las violaciones de derechos alegadas se cometían en el territorio del estado, este último no ejercía su autoridad sobre esa parte del territorio. Asi, en Ilascu y otros c. Moldavia y Rusia, se cuestionaba quien era responsable bajo la convención de unos arrestos cometidos en la región de Transnistria, territorio que Moldavia consideraba como parte de su estado pero que se había declarado independiente tras la caída de la URSS. Muchos de los soldados soviéticos que habían estado en la región se unieron a los separatistas aportando además arsenal. Se alegaba que Rusia dio apoyo a los separatistas. Los demandantes fueron arrestados en Transnistria y sometidos a malos tratos, para posteriormente ser condenados. El Tribunal Supremo de Moldavia pidió su liberación al considerar que la corte que los había juzgado era inconstitucional, sin embargo, las autoridades separatistas hicieron caso omiso. El TEDH acreditó que Moldavia no ejercía autoridad sobre esa parte del territorio, pero dijo lo siguiente:
“incluso en ausencia de control efectivo sobre la región de Transnitria, Moldavia tiene la obligación positiva bajo el artículo 1 de la Convención de tomar las medidas diplomáticas, económicas, judiciales y demás que estén en su poder y sean acordes a derecho internacional para asegurar a los demandantes los derechos garantizados por el convenio”.
La situación es similar a nuestro caso pues quien controla de facto el territorio es Marruecos. Pero no afirmamos que se aplicable directamente dicha sentencia al caso del Sahara Occidental puesto que opera sobre ella la cláusula colonial prevista en el artículo 56 del Convenio.
El Sáhara Occidental no es un territorio como otro cualquiera dentro del estado español, pese a que llegó a tener en su época un estatus similar al de provincia española, siendo incluso denominada la provincia 53. No obstante, a la firma del Convenio Europeo por España, 1979, su condición encaja mejor con el de colonia.
En numerosos casos, el TEDH ha entendido que las solicitudes relativas a territorios dependientes serán consideradas incompatibles ratione loci si el Estado Contratante no ha hecho una declaración bajo el art.56 del convenio extendiendo la aplicación del convenio al territorio en cuestión. En otras palabras, salvo que así lo haya indicado el Estado Contratante, la corte no tendrá jurisdicción sobre los hechos que ocurran en el territorio dependiente. Estos casos se han referido normalmente a hechos desarrollados en colonias británicas o portuguesas.
Por ejemplo, en Yonghong c. Portugal, los demandantes denunciaban unos sucesos acaecidos en Macao, que en aquel momento estaba administrado por Portugal. El TEDH entendió que no tenía jurisdicción porque Portugal no había extendido la aplicación del convenio a Macao, y en tanto que Macao tenía su propio aparato judicial exclusivo para juzgar hecho ocurridos en su territorio. Pero en tanto que Sáhara Occidental no tiene aparato judicial, y España es competente para conocer de las causas criminales ocurridas allí, no es un caso el de Yonghong c. Portugal que nos sirva para resolver la cuestión.
Del mismo modo, en Chagos islanders c. Reino Unido, a pesar de que incluso los tribunales domésticos del Reino Unido conocieron sobre el hecho, el TEDH dijo que carecía de competencia ratione loci pues no le había sido otorgada en virtud del art. 56. Este último caso se asemeja especialmente al nuestro, pues los tribunales nacionales también tenían jurisdicción sobre el territorio, pero esto no implica que la tenga el TEDH.
El estatus jurídico del Sáhara Occidental con relación a España hace que nos decantemos por entender que estamos ante un caso como el de Chagos islanders c. Reino Unido y no el de Ilascu y otros c. Moldavia y Rusia.
Como veremos, entendemos que el TEDH no tiene jurisdicción territorial sobre las violaciones de derechos humanos que se cometan en el territorio del Sáhara occidental. Pero sí que puede revisar desde el punto de vista del artículo 6 del Convenio, las garantías procedimentales con las que España ha tratado un proceso judicial ocurrido en territorio saharui.
Esto es, dado que la justicia española, como hemos visto, tiene competencia territorial para juzgar crímenes ocurridos en territorio del Sáhara Occidental, ¿qué ocurriría si un saharaui denuncia en España los delitos que comete Marruecos al, por ejemplo, impedir el proceso de autodeterminación al que tienen derecho segun Naciones Unidas?. La querella contendría delitos de tortura, contra la vida, coacciones, etc…
Pues bien, ¿violaría España el derecho a la vida (art. 2 Convenio Europeo), tortura (art.3 Convenio Europeo), etc… en su vertiente procesal si no investiga suficientemente los delitos denunciados?. Entendemos que sí. Que de no investigar los delitos y sus autores, España podría ser demandada ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, por ello.
De esta manera indirecta, el pueblo Saharaui podría encontrar protección a través del TEDH.
Esta teoría parece confirmarse tras un detallado estudio de las dos sentencias mas relevantes sobre este tema ya citadas antes:
1.- En Yonghong c. Portugal, entendemos que se llegó a la decisión de no ser competente territorialmente para entrar en el fondo del asunto el TEDH como consecuencia de falta de competencia ratione locci en tanto que el hecho ocurre en Macao, siendo colonia portuguesa no incluida expresamente en el tratado por Portugal, si bien, y respecto del artículo 6 del Convenio subraya que en tanto que el Gobernador de Macao tenía competencia exclusiva a nivel judicial al autorizar la extradición del demandante, tampoco se podría supervisar las garantías procesales del procedimiento. Este planteamiento, a sensu contrario, parece indicar que si un país firmante del convenio ejerce como poder judicial en la colonia, podría revisarse la acción judicial del Estado firmante desde el punto de vista del artículo 6 del convenio en tanto que las garantías procesales de las que ha dispuesto un ciudadano en una colonia.
2. Esta teoría que parece colegirse del caso del párrafo anterior, se confirma en Chagos Islanders vs. The United Kingdom, donde el Tribunal Europeo de Derechos Humanos rechaza la posibilidad de estudiar violaciones sustantivas de derechos por no tener competencia ratione locci, pero entra a conocer sobre la in/existencia de violación del artículo 6 en tanto que el procedimiento judicial de aquel caso había sido resuelto en su fase nacional por U.K.
La razón teórica detrás de esta cuestión es que como hemos visto, hay dos excepciones principales a la territorialidad: circunstancias de «autoridad y control de agentes estatales» y «control efectivo sobre un área”.
La excepción de «autoridad y control de agentes estatales» se aplica a los actos de agentes diplomáticos y consulares presentes en territorio extranjero. Pero también a circunstancias en las que un Estado contratante, por costumbre, tratado o acuerdo, ejerza poderes públicos ejecutivos o desempeñe funciones judiciales o ejecutivas en el territorio de otro Estado.
Y en tanto que España ejerce funciones judiciales sobre hechos ocurridos en Sahara Occidental, responde frente al TEDH ante posibles violaciones del artículo 6 del Convenio en que incurra en su labor judicial de estos asuntos.
De esta forma se podría combatir la inactividad de España para proteger los derechos de los saharauis, frente a los delitos sistemáticos que comete Marruecos. De tal forma que si España no investiga y castiga estos hechos que comete Marruecos, podría ser condena por el Tribunal Europeo, a hacerlo.
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