Como único despacho especializado en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, nos vemos en la obligación y el deseo de poner a disposición de ciudadanos afectados y abogados, un índice por materias con el que buscar jurisprudencia, que además ha sido comentada por nuestros expertos letrados especializados en el Tribunal de Estrasburgo.
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Índice por Materias
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Una mujer embarazada de un bebé muerto fallece por falta de recursos económicos para ser intervenida.
Este caso se refiere a la investigación, (más concretamente a la falta de investigación) por las autoridades Españolas de presuntos malos tratos sufridos por los demandante mientras se encontraban bajo custodia policial incomunicada antes de ser puesto a disposición de los Tribunales, acusados de un presunto delito de terrorismo.
El demandante interpone una demanda ante el TEDH contra España invocando el artículo 3 del CEDH (Convención Europea de Derechos Humanos). Arratibel se quejó de la falta de investigación efectiva de los malos tratos que denunció que había padecido durante su detención en régimen de incomunicaciónpor parte de las jurisdicciones españoles.presunto delito de terrorismo.
Beatriz Etxebarría Caballero es detenida en el marco de una investigación judicial sobre presuntos delitos de pertenencia a la organización terrorista ETA, tenencia de armas y explosivos, falsedad documental con fines terroristas, y participación en diversos delitos de terrorismo.
El 13 de febrero de 2018, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dictó sentencia por la que, mediante unanimidad, condena a España por trato inhumano y degradante a Igor Portu Juanenea y a Martin Sarasola Yarzábal, miembros de la banda terrorista ETA y autores del atentado en la T4 de Barajas, obligando a España a indemnizarles con 30.000 y 20.000 euros, respectivamente, por daños morales.
Detuvieron al abogado que, trabajando, discutió con los agentes de la autoridad.
Ell Tribunal Europeo de Derechos Humanos y desde el año 2010 viene insistiéndole a España en cómo ha de otorgar las indemnizaciones de aquellas personas que han estado en prisión provisional, y que finalmente han resultado absueltos.
Condena penal en segunda instancia sin oír al acusado:
Dentro del derecho al proceso equitativo previsto en el artículo 6 del Convenio Europeo, está la prohibición de prescindir de la presencia del acusado en el juicio de apelación.
Sin duda el caso mas especial para DDHH ABOGADOS debido a que conseguimos ganar este asunto ante el Tribunal de Estrasburgo. Insólito todo lo ocurrido. Imposible de resumir….
Miguel Ángel Porcel Terribas, Francisco de Sales Ocaña Morales, José Pérez Flores y Dina Romero Gómez, fueron acusados de un delito de corrupción urbanística en Armilla (Granada), por la licencia de construcción del centro comercial Nevada.
Jorge Gómez Olmeda fue el administrador de un foro de internet en el que se vertieron acusaciones falsas y se publicaron mensajes difamatorios contra varias personas.
El sindicato “Manos Limpias” (en calidad de acusación popular) y el Ministerio Fiscal iniciaron procedimientos penales contra los demandantes, en su día Presidente, Vicepresidente y Secretario General del Parlamento Vasco, D. Juan María Atutxa Mendiola, D. Gorka Knorr Borras y Dª. Concepción Bilbao Cuevas, respectivamente.
Juez Imparcial:
La Universidad de La Laguna acusó de falsedad documental al Profesor por haber presentado un currículum vitae falso en un concurso público para la instalación de nuevas oficinas de farmacia.
NO Escuchar a menores de edad:
El padre de las dos menores inicia un procedimiento de divorcio contra la madre.La madre se opone tanto en razón a las consecuencias económicas del divorcio como en cuanto a las medidas relativas a la guarda y custodia de las hijas.
Dilaciones Indebidas:
La alusión en el artículo 6.1 CEDH a que toda persona tiene derecho a que su causa sea oída en un “plazo razonable” se hace con la finalidad de que asegurar el interés de los justiciables y el principio de seguridad jurídica.
El conflicto apareció cuando el Gobierno español inició un procedimiento ante un Juzgado de Ciudad Real para obtener una orden en la que se declarase que las Lagunas de Ruidera, que ocupaban una porción del terreno perteneciente parcialmente a la madre del demandante Aníbal Ruiz-Villar Ruiz(quien lo heredó tras su muerte), fuesen consideradas el nacimiento del río Guadiana y que por tanto pasasen a formar parte del dominio público hidráulico.
En materia civil, por retraso en el procedimiento que dificulta el ejercicio de un derecho contra el deudor condenado
Este apartado garantiza que el procedimiento dirigido contra un acusado no se llevará a cabo sin que esté adecuadamente representado a efectos de su defensa, enunciando tres derechos distintos.
Ha de tenerse en cuenta que, en general y normalmente, toda la prueba debe practicarse durante el juicio, en audiencia pública y ante el acusado, habiendo afirmado el Tribunal Europeo de Derechos Humanos que, como regla general, una condena no debería basarse en el testimonio de un testigo al que el acusado no ha tenido la oportunidad de poder contradecir y de interrogar.
En lo que a los Tribunales nacionales se refiere, tanto el Tribunal Constitucional como el Tribunal Supremo han establecido que las declaraciones de coimputados son pruebas de cargo válidas para enervar la presunción de inocencia.
El principio de legalidad penal, y el de irretroactividad penal de las normas que perjudiquen en este caso, al condenado.
El TEDH permite que un individuo pueda presentar demanda individual en base a haber sido “víctima” de una violación del derecho a la vida privada y familiar previsto en el artículo 8 CEDH.
En un procedimiento judicial donde se reclamaba una indemnización por accidente de tráfico, la compañía aseguradora, M., aportó como elementos de prueba unos vídeos de unas escenas de la vida cotidiana del demandante en espacios públicos.
El ex representante de la cantante Paulina Rubio fue entrevistado en 3 programas de televisión. En estos programas se habló públicamente de aspectos privados de la vida relacional y amorosa de ésta, entre los cuales sus inclinaciones bisexuales y su maltrato a Ricardo Bofill.
Un desorden que surge principalmente en el contexto de las disputas por la guarda y custodia de los niños en el que su primera manifestación suele ser una campaña de difamación contra uno de los padres por parte del otro progenitor, no teniendo la misma proporción o justificación.
Como ya sucediera con el caso en el que una valenciana gana la batalla contra el ruido ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en Moreno Gómez contra España, un valenciano la vuelve a ganar en Cuenca Zarzoso contra España.
Las personas demandantes interpusieron demanda ante los tribunales españoles debido a la videovigilancia secreta que su empleador había dispuesto sin informarles en el lugar de trabajo donde trabajaban como cajeras en un supermercado.
El derecho al secreto de las comunicaciones se garantiza incluso ante la escabrosa existencia de material pornográfico pedófilo en dispositivos informáticos, así lo ha llegado a decidir el Tribunal de Estrasburgo en el contexto de la protección de la vida privada y familiar.
El asunto tiene su origen en cuatro demandas por cuatro ciudadanos británicos, los cuales alegaban que la legislación británica no protegía adecuadamente su derecho a manifestar su religión.
Cientos de refugiados católicos chinos se encuentran en la actualidad en el limbo legal y burocrático que representa el sistema de asilo español, a la espera de una resolución por parte de España en torno a su estatuto de refugiado.
Lamentablemente no.Desde que se produjera la Revolución Cultural de Mao Zedong en 1966, la destrucción masiva de patrimonio cristiano, como son las iglesias, ha sido constante. Pero las pérdidas más tormentosas, sin lugar a dudas, son las humanas.
El caso trata de una página web, (delfi.ee), un portal de noticias famoso en Estonia. En dicha web se publicaban cientos de noticias diarias, y además se permitía a los lectores dejar constancia de sus opiniones sin necesidad de identificación.
El periodista español Federico Jorge Jiménez Losantos fue denunciado por el antiguo alcalde de Madrid Alberto Ruiz Gallardón por injurias graves con publicidad debido a las declaraciones que efectuó aquél sobre éste en elprograma de radio de la COPE en varias ocasiones en 2006.
Hace ya unos meses que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos falló en favor de la libertad de expresión de personas que habían quemado la foto de los Reyes de España en la vía pública. Nos disponemos a ver los detalles de dicho asunto en lo que sigue.
Como parte de la protesta, el demandante y otro ocupante, reclamaron que se habían anclado al suelo del habitáculo de manera que no podían liberarse voluntariamente. Es más, habían llegado a introducir un brazo en un tubo anclado al suelo de hormigón y tenían la muñeca inmovilizada.
Un Tribunal de primera instancia e instrucción dictó una decisión que ordenaba, de acuerdo con una ley nacional, el bloquear el acceso a una página web, ello como medida cautelar dictada en el contexto de un proceso penal dirigido este ciudadano, el cual estaba acusado de delito de injurias a la memoria de uno de los presidentes de Turquía.
El demandante alega ante el Tribunal europeo que la decisión del Tribunal Supremo español que le condena por injurias graves al Rey constituye una vulneración de su derecho a la libertad de expresión.
Un grupo de repartidores que trabaja para la sociedad P. reclamó a la empresa que les reconociera su condición de trabajadores asalariados en régimen especial y que les integrara en la Seguridad Social. Defendieron esta postura ante la jurisdicción laboral, que les dio la razón.
El demandante, periodista y director de “Diario 16” en el momento de los hechos, fue condenado a pagar una indemnización por la publicación de un artículo en dicho diario en el que se afirmaba que una empresa de la familia del rey de Marruecos estaba implicada en el narcotráfico.
Fuerza desproporcionada ejercida por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado a la hora de disolver una protesta social que se estaba desarrollando pacíficamente.
En 2010, unas personas de origen saharaui montaron el campamento de Gdem Izik, situado en el Sahara Occidental, en señal de protesta contra sus condiciones de vida, su marginalización y para reclamar empleos y una vivienda Digna.
En este asunto, los demandantes son dos inmigrantes (uno de Mali y otro de la Costa de Marfil) que se encontraban viviendo en el campamento para inmigrantes marroquí del Monte Gurugú.
