Quién puede poner una demanda ante el Tribunal Europeo.

Quién puede poner una demanda ante el Tribunal Europeo.

La protección del Convenio puede ser invocada en contra de un Estado parte por cualquier particular en la medida en que la violación alegada tenga lugar en los límites de la jurisdicción de ese Estado, de conformidad con el artículo 1 del CEDH (Van der Tang c. Espagne, § 53). La víctima no tiene que precisar qué artículo del Convenio ha sido vulnerado (Guzzardi c. Italie, § 61): “Da mihi factum, dabo tibi ius”.

Titulares: Toda persona física o jurídica puede ejercer su derecho de demanda individual sin que la nacionalidad, el lugar de residencia, el estado civil, la situación o la capacidad jurídica sean tenidos en cuenta (madre privada de la patria potestad (Scozzari y Giunta c. Italie [GC], § 138), o menor (A. c. Royaume-Uni), o incapaz sin el acuerdo de su tutora (Zehentner c. Autriche, §§ 39 y ss.).

Cualquier organización no gubernamental, en sentido amplio, es decir excluyendo las organizaciones que ejerzan poderes públicos, puede ejercer su derecho de demanda.

Véase para las personas jurídicas de derecho público que no ejercen ninguna potestad propia de un poder público:Les saints monastères c. Grèce, § 49, y Radio France et  autres c. France (dec.), §§ 24-26; y para las independientes del Estado, Compagnie maritime de la République islamique d’Iran c. Turquie, §§ 80-81, o Unédic c. France, §§ 48-59. 

En cambio, un municipio (Ayuntamiento de Mula c. Espagne (déc.)) o una sección municipal que comparte el ejercicio del poder público (Sección del municipio de Antilly c. France (dec.)) no están legitimadas para presentar una demanda basada en el artículo 34.

Cualquier grupo de particulares: una asociación informal, que, la mayoría de las veces, reagrupa temporalmente a varias personas («linguistique belge»).

El artículo 34 no permite las quejas in abstracto de una violación del Convenio. Los demandantes no pueden quejarse de una disposición de derecho interno únicamente porque parece infringir el Convenio (Monnat c. Suisse, §§31-32), ni el Convenio reconoce la actio popularis (Klass et autres c. Allemagne,§33; Parti travaillisteg géorgien c. Géorgie. (dec.); Burden c. Royaume-Uni [GC],§ 33), circunstancia que no nos parece propia de la naturaleza de este Tribunal, dado que en ocasiones puede ser precisamente la causa del temor a demandar a un país por algún tipo de situación de abuso o coacción sobre una persona que, por miedo, el interesado no se atreva a exponer ante el Tribunal Europeo, hechos o situaciones que, sin embargo parece sano para la sociedad, fueran enjuiciados a través de la acción popular.

Demanda presentada a través de un representante: cuando un demandante elige hacerse representar en lugar de presentar él mismo su demanda, el  artículo 45 § 3 del Reglamento del Tribunal exige que aporte poder debidamente firmado. Poder que no se exige sea expedido ante fedatario público, sino que es válido por escrito firmado entre representado y representante. Es esencial que el representante demuestre haber recibido instrucciones específicas y explícitas de la persona que se considera víctima, según el artículo 34, en nombre de la cual pretende actuar ante el Tribunal (Post c. Pays-Bas.).

Sobre la validez de un poder de representación: Aliev c. Géorgie, §§ 44-49. Sobre la autenticidad de una demandaVelikova c. Bulgarie, §§ 48-52.

Abuso del derecho de demanda individual: tratándose del comportamiento de un demandante contrario a la finalidad del derecho de demanda, véase la noción de abuso del derecho de demanda individual según el artículo 35 § 3 del Convenio: Mirolubovs et autres c. Letonia, §§ 62 y ss.

Libre ejercicio del derecho de demanda: El derecho de demandar ante el Tribunal es absoluto y no admite ninguna traba. Este principio implica una libertad de comunicación con los órganos del Convenio (Correspondencia en privación de libertad: Peers c. Grèce, § 84; Kornakovs c. Lettonie, §§ 157 y ss.). Véase en este sentido el Acuerdo europeo concerniente a las personas parte en los procedimientos ante el Tribunal europeo de derechos humanos de 1996 (STCE 161).

Las autoridades nacionales deben abstenerse de cualquier presión que pretenda hacer desistir de las quejas de una demanda o modificarlas. Según el Tribunal, las presiones pueden consistir en coacciones directas y actos flagrantes de intimidación de los demandantes declarados o potenciales, de su familia o de su representante legal, pero también en actos o contactos indirectos de mala fe (Mamatkoulov y Askarov c. Turquie [GC], § 102). 

El Tribunal examina el efecto disuasorio sobre el ejercicio del derecho de demanda individual (Colibaba c. Moldova., § 68). Hay que contemplar la vulnerabilidad del demandante y el riesgo de que las autoridades influyan sobre él (Iambor c. Roumanie (nº 1), § 212). Un demandante puede encontrarse en una situación particularmente vulnerable cuando está en prisión provisional y cuando sus contactos con su familia o el mundo exterior están sometidos a restricciones (Cotlet c. Roumanie, § 71).

Es por ello que hablábamos antes de lo interesante que hubiera sido haber admitido la acción popular para llevar un asunto ante el Tribunal. Ejemplos a considerar:

– Para interrogatorios llevados a cabo por las autoridades respecto de la demanda: Akdivar et autres c. Turquía [GC] § 105; Tanrikulu c. Turquie [GC]§ 131; 

– Amenazas de procesos penales contra el abogado de la demandante: Kurt c. Turquie, §§ 159-165, o queja de las autoridades contra el abogado en el procedimiento interno: McShane c. Royaume-Uni § 151;

– Interrogatorio por la policía al abogado y al traductor de la demandante en relación con la demanda de satisfacción equitativa: Fedotova c. Russie, §§ 49-51; o incluso Riabov c. Russie* §§ 53-65, una investigación ordenada por el representante del Gobierno;

– Imposibilidad para el abogado y el médico de reunirse con el demandante: Boicenco c. Moldova*,§§ 158-159;

– Incumplimiento de la confidencialidad de los informes abogado/ demandante en un locutorio: Oferta Plus SRL c. Moldova*,§ 156;

– Amenazas expresadas por las autoridades penitenciarias: Petra c. Roumanie,§ 44;

– Negativa de la administración penitenciaria a enviar una demanda al Tribunal debido a que las vías de recurso internas no habían sido agotadas: Nourmagomedov c. Russie*,§ 61; 

– Presiones sobre un testigo en un asunto ante el Tribunal relativo a las condiciones de privación de libertad: Novinski c. Russie*,§§ 119 y ss;

– Observaciones disuasorias de las autoridades penitenciarias acompañadas de la omisión y el retraso injustificados en el suministro al detenido de lo necesario para su correspondencia y de los documentos requeridos para su demanda ante el Tribunal: Gagiu c. Roumanie,§§ 94 y ss. 

Y es que, las circunstancias del caso pueden atenuar el artículo alegado al derecho de demanda individual: Syssoyeva et autres c. Lettonie [GC]§§ 118 y ss.

Para completar información relacionada con el tema, os sugerimos esta otra entrada de blog donde especificamos qué entiende el Tribunal Europeo por “víctima”.

Esperamos sea de vuestro interés.

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