D. José Luis Núñez sale de prisión en 38 días.

D. José Luis Núñez sale de prisión en 38 días.

La impunidad viola los derechos de las víctimas.

D. José Luis Núñez, quien fuera presidente del Fútbol Club Barcelona, y empresario, ha salido de prisión tras pocos días desde que empezara a cumplir una condena por haber sobornado a inspectores de Hacienda a fin de que hicieran la vista gorda ante las irregularidades de su grupo empresarial inmobiliario, Núñez y Navarro.

Pese a que fue condenado a 26 meses de prisión, se le ha concedido el tercer grado cuando solo había cumplido 1 mes. Tercer grado se llama al sistema de cumplimiento de condena por el que, por resumir, el interno queda en libertad.

La legislación penitenciaria prevé esta posibilidad para aquellas personas a las que pretende ayudar en su reinserción social. Imaginemos un preso que cumple una condena de 20 años, y lleva cumplidos 15 años sin salir de prisión: en ese caso y dado que dentro de 5 años volverá a tener una vida normalizada, parece lógico que haya de ir preparando su vida tanto a nivel laboral, familiar y personal, para cuando llegue ese momento, dado que su desconexión con la vida en libertad le hará difícil integrarse de nuevo en una sociedad que habrá cambiado mientras él ha estado ajeno a todo ello.

Sin embargo, en el caso de José Luis Núñez, parece ridículo pensar en un tercer grado cuando se lleva sólamente 1 mes de prisión de los 26 que había de cumplir. Y es que en un mes no da tiempo a desocializarse como para iniciar una resocialización. El primer objetivo de la condena ha de ser, cumplirla. Lo contrario, se llama impunidad. Obviamente prohibida por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Los juristas nos pasamos la vida pensando en las garantías de los acusados. Y eso es muy sano si no nos olvidamos del otro 50% del tema: los derechos de las víctimas.

Sospechosamente este tipo de terceros grados tan prematuros sólo los vemos en personas con influencias políticas.

Habrá quién alegue que le han concedido el tercer grado al Sr. Núñez por ser muy mayor. Pero está claro que no es por razones humanitarias de salud, ni edad, en primer lugar  porque los argumentos dados por Instituciones Penitenciarias no han sido esos. En segundo lugar, decir que en las cárceles españolas existen muchas personas octogenarias dado que la ley no establece que las personas a partir de cierta edad no puedan estar en prisión. Pero es que en este caso, hay que recordar que se le ha concedido también a su propio hijo, condenado en la misma causa.

Y lo más importante: ¿Esta libertad se la ha concedido un Juez?. No. Y este es el problema de base: El sistema legal español establece mecanismo para evadir la prisión, donde los jueces no tienen nada que decir si el Gobierno los activa: Los indultos y la clasificación penitenciaria. A través de estas figuras, el Gobierno, en este caso la subdirección general del Departamento de Justicia de la Generalitat, decide con total libertad y arbitrariedad quienes, pese al pronunciamiento de la justicia, no cumplirán sus condenas.

Sólo si el Fiscal recurre esta concesión, el caso llegaría ante un Juez. Pero claro, la Fiscalía es un órgano Jerárquico donde el Fiscal Jefe es elegido por….adivínenlo…. sí, por el Gobierno. Es por eso que en mi opinión personal, no tiene sentido que el Gobierno otorgue la libertad, para acto seguido ordenar a la Fiscalía que impugne lo que ellos mismos acaban de hacer. Sería esquizofrénico.

Entiendo que sólo lo hará si consideran que se les ha visto demasiado el plumero, y van a indignar a la gente, en cuya caso, pondrán la decisión en manos de un juez, tal y como pasó con el reciente caso similar de Jaume Matas.

A juicio de quien suscribe, esto supone una violación de derechos fundamentales contra todos los ciudadanos, dado que el Gobierno deja impune a quién nos han robado, sin que jueces ni ciudadanos puedan evitarlo. La impunidad es, además, el combustible para futuras y nuevas violaciones.

Algún día, nuestros nietos nos escucharán horrorizados que a principios del 2000 lo que dijeran los jueces podía quedar en papel mojado si el Gobierno concedía un indulto, o si el Gobierno concedía un tercer grado. No comprenderán que no entendiésemos lógico que el mismo Juez que condenó al preso, fuera el que decidiera sobre el indulto, y sobre el tercer grado penitenciario.

Por supuesto que lo habría de hacer a la vista de los informes del equipo técnico de prisión que siguen y evalúan al interno, pero terminaríamos así con la intrusión que hacen los políticos cuando se colocan por encima de los jueces.

En un estado de derecho, el aparato judicial ha de ser absolutamente independiente del ejecutivo. Y en España no existe esta real separación de poderes. El sistema guarda ases en la manga del político que gobierne para vetar las decisiones judiciales que afectan a las personas a ellos afines. Lo vemos todos los días, y siento vulnerados mis derechos como víctima.

¿Tú, no?.

1 Comentarios

  1. diciembre 26, 2014 16:27 Responder

    Navidad siempre han sido unas fechas que celebran unos y otros miran como los primeros disfrutan.

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