Privilegios de la iglesia en España que suponen un ataque a la propiedad privada.

Privilegios de la iglesia en España que suponen un ataque a la propiedad privada.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo condena a España por conceder privilegios arbitrarios a la iglesia católica en la legislación hipotecaria, y que permitió al Obispo de Palencia edificar en una propiedad privada del demandante.

Para los jueces europeos, ello supone la violación de los derechos de igualdad de trato por cómo se desarrolló el procedimiento en España, y una violación del derecho a la defensa de la propiedad privada en la medida que la legislación española prevé unas prerrogativas a la Iglesia Católica tales como la de actuar como auténticos registradores públicos, inscribiendo bienes eclesiásticos a su nombre cuando no constan inscritos a nombre de nadie. Y todo ello gracias a la legislación hipotecaria española, que desde 1946 no ha sido modificada en ese sentido. Insólito, pero cierto.

El caso: La Sociedad Anónima de Ucieza adquirió en 1978 una finca en Ribas de Campos (Palencia) en la que se enclava una iglesia cisterciense y algunos otros edificios adjuntos, como un molino de agua o una sacristía. Formaban parte en su día del monasterio de Santa Cruz de la Zarza. En el registro de la adquisición de la finca por parte de la empresa se detallaban todos estos edificios como parte del bien comprado.

Dieciséis años más tarde, sin embargo, el obispo de Palencia inscribió a su nombre esas instalaciones eclesiásticas valiéndose de la citada ley hipotecaria española de 1946.

El tribunal europeo ha declarado, por unanimidad, que el Estado español ha violado el artículo 6.1 de la Convención de Derechos Humanos que determina que“toda persona tiene derecho a que su causa sea escuchada equitativamente por un tribunal, a la vista de cómo fue tratado el tema judicial en España.

También consideró violado el artículo 1 del Protocolo 1 de la misma Convención, que enuncia que “toda persona física o moral tiene derecho al respeto de su bienesy que solo se puede privar de tal derecho a alguien cuando hay una utilidad pública.

Este caso es extrapolable al resto de denuncias por inmatriculaciones de la Iglesia católica, siempre y cuando las instalaciones religiosas sí estén registradas a nombre de alguien. Normalmente, la Iglesia católica registra a su nombre bienes que no están oficialmente a nombre de nadie aprovechando la potestad que le confiere esta antigua la ley hipotecaria española.

Se calculan que se han registrado 5.000 propiedades a nombre de las diócesis por este sistema. Entre ellas, la mezquita de Córdoba y la Giralda de Sevilla.

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