Nueva condena a España por su procedimiento de expulsión para los solicitantes de Asilo

Nueva condena a España por su procedimiento de expulsión para los solicitantes de Asilo

Resumen de la traducción hecha por los servicios del Departamento de Constitucional y Derechos Humanos de la Abogacía del Estado de la sentencia dictada por el Tribunal de Estrasburgo el 22 de abril de 2014 en el asunto A.C y otros contra España (Demanda nº 6528/11), cuya versión completa se puede consultar en la página web del Ministerio de Justicia mediante el siguiente enlace: 

http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/1292427043445?blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadername2=Grupo&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3DSentencia_AC.pdf&blobheadervalue2=Docs_TEDH

PROCEDIMIENTO

En el origen del caso se encuentran treinta demandas interpuestas ante el TEDH contra el Reino de España por treinta personas que se han declarado de origen saharaui (“los demandantes”).

Las demandas atañen a procedimientos de devolución de los demandantes a Marruecos (Sahara Occidental). De origen saharaui, los demandantes temen que, de ser expulsados, serian objeto de represalias por parte de las autoridades marroquíes por haber participado en el campamento de protesta de Gdeim Izik, desmantelado el 8 de noviembre de 2010. Invocan los artículos 2, 3 y 13 del Convenio.

 El Presidente en funciones decidió aplicar el artículo 39 del Reglamento del Tribunal Europeo de Derechos Humanos e indicar al Gobierno que era deseable, en el interés de las partes y del buen desarrollo del procedimiento ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, no expulsar a los demandantes durante la tramitación del procedimiento ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

ANTECEDENTES DE HECHO

I. LAS CIRCUNSTANCIAS DEL CASO

A. Hechos acontecidos antes de la llegada de los demandantes a España

El 10 de octubre de 2010, unas personas de origen saharaui montaron unas tiendas de campaña en señal de protesta contra sus condiciones de vida, su marginalización y para reclamar empleos y una vivienda digna, en el campamento de Gdem Izik, situado en territorio del Sahara occidental, a 12 km al este del Aaiún. Según las autoridades marroquíes, la instalación del campamento era ilegal y no había sido autorizada. El 8 de noviembre de 2010 algunos enfrentamientos estallaron cuando las Fuerzas de Seguridad marroquíes intervinieron para evacuar por la fuerza y desmantelar el campamento. Once miembros de las Fuerzas de Seguridad y dos Saharauis resultaron muertos en medio de esta violencia. Según un informe de Amnistía Internacional (“Unos civiles saharauis juzgados por un tribunal militar en Marruecos: un proceso viciado desde la base”, documento del 1 de febrero de 2013), unos 200 Saharauis fueron detenidos por las Fuerzas de Seguridad en los días posteriores. Otras detenciones tuvieron lugar en diciembre de 2010.

Posteriormente al desmantelamiento del campamento, los demandantes arribaron al litoral de Fuerteventura en las Islas Canarias a bordo de pateras, entre el 5 de enero de 2011 y el 19 de agosto de 2012. Unos días después de su llegada formularon unas demandas de protección internacional ante la Oficina de asilo y Refugio del Ministerio del Interior.

 B. Solicitudes de protección internacional

Los hechos expuestos por los demandantes se agrupan en un apartado para cada uno de ellos, si bien citamos algunos de ellos a modo de ejemplo:

 1. 6528/11 A C.

En el momento de presentar su solicitud de protección internacional, el demandante habría entregado una foto en la cual aparece en compañía de otro activista saharaui, enarbolando unas banderas del Frente Polisario. Según él, el hermano de este otro activista habría sido quemado vivo por las autoridades marroquíes en 2005. El demandante mantiene haber sido objeto de malos tratos en 2008, cuando fue arrestado por la policía marroquí en su domicilio familiar y juzgado en el marco de un proceso no equitativo, al término del cual fue condenado a una pena de prisión por un delito de tráfico de estupefacientes. Afirma al respecto, que los jóvenes activistas saharauis son acusados habitualmente de la comisión de este tipo de delitos y condenados sin que se respeten las garantías del derecho a un proceso equitativo. El demandante cumplió la pena en la “prisión negra” del Aaiún donde afirma haber sido víctima de una agresión sexual y de tratos degradantes.

2. 6529/11 M.L.

El demandante alega haber sido cruelmente golpeado por las Autoridades marroquíes en el momento de su detención en el campamento de protesta en noviembre de 2010. Fue trasladado a un lugar cercano a Río de Oro de donde escapó. Afirma que su hermana habría sido también detenida y puesta en libertad con posterioridad.

3. 6530/11 M.A.E.K.

El demandante se queja de haber sido golpeado en la cabeza durante el desmantelamiento del campamento. En el momento de presentar su solicitud de protección internacional ante las Autoridades españolas tenía una cicatriz y se sentía desorientado por culpa de fuertes dolores de cabeza que tendrían su origen en el golpe recibido.

4. 6559/11 H.B.

El 11 de noviembre de 2010, unos agentes de las Fuerzas del Orden marroquíes entraron por la fuerza en el domicilio del demandante así como en el de otras personas residentes en El Aaiún. Se encontraba trabajando en el momento de la intrusión pero decidió presentar querella para denunciar los daños causados en su domicilio. En la comisaría de policía, afirma haber sido golpeado por los agentes, y acusado de colaborar con la causa saharaui.

 C. Procedimientos entablados en España.

1. Procedimientos administrativos.

Entre el 14 enero 2011 y el 3 septiembre 2012, el Ministro del Interior pronunció treinta decisiones de denegación de protección internacional, considerando que las solicitudes de los demandantes estaban basadas en alegaciones contradictorias e insuficientes respecto de los motivos que dan origen a la alegada persecución.

Los demandantes solicitaron el reexamen de estas decisiones aportando nuevas informaciones. La delegación del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en España indicó que los motivos invocados y las informaciones aportadas por los demandantes eran coherentes y aportaban suficientes indicios para justificar la admisibilidad de sus solicitudes de protección internacional. Sin embargo, el Ministro del Interior confirmó las decisiones recurridas.

2. Procedimientos judiciales.

Los trece primeros demandantes interpusieron recursos contenciosos administrativos ante la Audiencia Nacional contra las decisiones del Ministro del Interior. Al mismo tiempo solicitaron la suspensión cautelarísima de la ejecución de la medida de expulsión, en base al artículo 135 de la ley número 29/1998 del 13 de julio de 1998 sobre la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

El resto de los demandantes hizo lo mismo en fechas posteriores.

En lo que respecta a los trece primeros demandantes, la Audiencia Nacional ordenó a la Administración suspender provisionalmente las expulsiones el tiempo necesario de examinar las solicitudes de medidas provisionales presentadas. Sin embargo, la Audiencia Nacional decidió denegar dichas solicitudes de suspensión de las órdenes de expulsión tomadas en contra de dichos demandantes, considerando que los motivos formulados en apoyo de sus recursos no permitían concluir ni la existencia en sus alegaciones de situación de urgencia especial susceptible de justificar una suspensión de toda expulsión del territorio nacional, ni la pérdida de eficacia del procedimiento en cuanto al fondo, en caso de ejecución de las medidas de expulsión en cuestión. Mediante diversas resoluciones la Audiencia Nacional denegó igualmente las solicitudes de suspensión de las órdenes de expulsión tomadas en contra de los demás demandantes, mediante decisiones adoptadas también en plazos muy cortos después de la suspensión provisional de la Administración.

 Los demandantes recurrieron al Tribunal Europeo de Derechos Humanos presentando treinta solicitudes de medidas provisionales respecto del fundamento del artículo 39 de su reglamento. Exponían haber padecido en el pasado, o en su detención, y durante el desmantelamiento del campamento de Gdeim Izik, malos tratos por parte de las Autoridades marroquíes, relacionados con su origen saharaui, o indicaban sentirse amenazados y tener miedo a las represalias. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos decidió indicar al Gobierno español, en aplicación del artículo 39 de su reglamento, que no procediera a la devolución de los demandantes mientras durara el procedimiento ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

 Los procedimientos entablados ante la Audiencia Nacional prosiguieron su tramitación. Mediante varias sentencias rechazó los recursos presentados por algunos de los demandantes (el TEDH no dispone de información sobre las posibles sentencias o decisiones dictadas respecto de todos los demandantes). Recurrieron al Tribunal Supremo en casación. Las partes no han comunicado al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, al día de hoy, el desarrollo de dichos recursos.

 II. CONTEXTO DEL ASUNTO

A. EL Sahara occidental 

Los poderes y responsabilidades de España, como potencia administradora del territorio, han sido transferidos a una administración tripartita temporal. El Acuerdo de Madrid no preveía ninguna transferencia de soberanía del territorio ni confería, a ninguno de los signatarios, el estatuto de potencia administradora, estatuto que España no podía, por lo demás, transferir de forma unilateral. La transferencia de los poderes administrativos a Marruecos y a Mauritania en 1975 no tuvo incidencia sobre el estatuto del Sahara occidental en tanto que territorio no autónomo.

El 26 de febrero de 1976, España informó al Secretario General de las Naciones Unidas que a partir de esa fecha, ponía fin a su presencia en el Sahara occidental y renunciaba a sus responsabilidades sobre el territorio, dejando así de hecho que Marruecos y Mauritania administraran el territorio en las zonas puestas bajo su respectivo control. Habiéndose retirado Mauritania del territorio en 1979, tras la conclusión del acuerdo mauritano-saharaui del 19 de agosto de 1979, Marruecos pasa a administrar en solitario el territorio del Sahara occidental a partir de esa fecha. Sin embargo al no figurar Marruecos como potencia administradora del territorio en la lista de los territorios no autónomos de la ONU, no comunica información alguna acerca del territorio en virtud del apartado e del artículo 73 de la Carta de las Naciones Unidas.

B. El informe de Amnistía Internacional del 20 de diciembre de 2010

Amnistía Internacional, hizo una llamada a las Autoridades marroquíes para llevar a cabo una investigación profunda, independiente e imparcial sobre el conjunto de las vulneraciones de los derechos humanos que se hubieran producido en conexión con los acontecimientos del 8 de noviembre de 2010 en El Aaiún, y a demandar ante la justicia a los autores de los abusos perpetrados. Según este informe, unos enfrentamientos violentos habrían estallado al comienzo del lunes día 8 de noviembre, cuando las Fuerzas de Seguridad marroquíes intervinieron para hacer evacuar el campamento de Gdeim Izik que había sido levantado en el desierto, a unos kilómetros del Aaiún, a principios de octubre de 2010, por unos Saharauis para protestar contra la marginalización de la que decían ser víctimas y contra la carencia de empleos y de viviendas adecuadas.

El informe titulado Rights Trampled : Protests, Violence and Repression in Western Sahara, (Derechos pisoteados : Protestas, Violencia y Represión en el Sahara Occidental) establece los violentos enfrentamientos que estallaron a principios de la jornada del lunes 8 de noviembre de 2010, cuando las Fuerzas de Seguridad marroquíes intervinieron para hacer evacuar el campamento de Gdeim Izik, que había sido levantado en el desierto a unos kilómetros del Aaiún a principios del mes de octubre de 2010 por unos Saharauis, para protestar contra la marginalización de la que decían ser víctimas y contra la carencia de empleos y de viviendas adecuadas. Los disturbios se extendieron seguidamente al Aaiún, donde manifestantes saharauis y residentes marroquíes se libraron a ataques incendiarios contra casas, tiendas y comercios así como contra edificios públicos. Numerosos Saharauis fueron arrestados y golpeados o sometidos a actos de tortura u otros malos tratos.

Según este informe, trece personas, once miembros de las Fuerzas de Seguridad marroquíes y dos Saharauis, fallecieron a consecuencia de la violencia en el campamento y en El Aaiún. El balance más grave se registró en la operación de desmantelamiento del campamento por las Fuerzas de Seguridad marroquíes que perdieron a nueve de sus hombres, muertos en los enfrentamientos o en ataques deliberados de Saharauis que se resistían a la destrucción de su campamento. Los investigadores de Amnistía Internacional que acudieron in situ a finales de noviembre, interrogaron a numerosos testigos que afirmaron que miembros de las Fuerzas de Seguridad no habían dudado en golpear a mujeres ancianas a porrazos para obligarlas a marcharse antes de desgarrar sus tiendas de campaña. Dos semanas más tarde las heridas de algunas de ellas eran todavía visibles.

La noticia de la evacuación del campamento por las fuerzas de seguridad llegó al Aaiún donde, alimentada por rumores exageradamente alarmistas mencionaba muertes entre los Saharauis y actos de brutalidad por parte de las Fuerzas de Seguridad. Aquella provocó violentas manifestaciones de los Saharauis que la emprendieron con los edificios públicos, bancos, coches y otros bienes pertenecientes a ciudadanos marroquíes o a Saharauis considerados favorables a la administración por Marruecos, del Sahara occidental. Tras un periodo de tregua, nuevos disturbios estallaron. Los residentes marroquíes la emprendieron con las casas, tiendas y comercios pertenecientes a Saharauis; varios residentes Saharauis fueron golpeados. Las Fuerzas de Seguridad presentes no intervinieron durante los ataques a las casas y los comercios saharauis y prestaron, algunas veces incluso, apoyo a los agresores.

 Las Fuerzas de Seguridad marroquíes detuvieron a alrededor de 200 Saharauis el lunes día 8 de noviembre y en los días y semanas siguientes. Sin embargo, según Amnistía Internacional, ninguna interpelación ni diligencias judiciales en conexión con los ataques perpetrados por residentes marroquíes contra los Saharauis, sus casas o sus bienes se habían producido, a fecha de publicación de este informe.

Todos los Saharauis entrevistados por Amnistía Internacional describieron la manera en que fueron golpeados, torturados o los malos tratos que se les había infringido en el momento de su arresto o en la detención preventiva por las Autoridades marroquíes; la gran parte de ellos tenían cicatrices y heridas visibles que apoyaban su testimonio. A pesar de esto, las Autoridades marroquíes no tomaron ninguna medida para investigar las alegaciones de tortura y de otros malos tratos tal como lo prevé la Convención de las Naciones Unidas contra la tortura y otras penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes y el Pacto Internacional relativo a los derechos civiles y políticos, de los cuales Marruecos es Estado parte.

Más de 130 Saharauis eran merecedores de ser perseguidos judicialmente tras los acontecimientos del lunes 8 de noviembre. Algunos son militantes políticos saharauis ya conocidos que preconizan la autodeterminación del Sahara occidental. Su detención hizo renacer el temor a que las autoridades intentaran implicar en los acontecimientos del 8 de noviembre a personas críticas al gobierno y a opositores pacíficos, por el hecho de sus opiniones políticas.

Algunos de los acusados comparecieron ante un Juez de instrucción sin asistencia jurídica y varios de ellos presuntamente presentaban signos visibles de tortura y de otros malos tratos y se habrían quejado de la violencia padecida. Sin embargo, ninguno fue examinado por un médico y no se abrió ninguna investigación respecto del objeto de sus denuncias. Algunos detenidos declararon que al término de su interrogatorio, debieron firmar o estampar la huella del dedo pulgar debajo de las declaraciones, que no se les autorizó a leer, lo que hacía temer que estas declaraciones hechas bajo tortura o coacción, fueran utilizadas contra ellos en el juicio como prueba de cargo, vulnerando así el derecho internacional.

Las conclusiones de este informe se basaron en una visita de Amnistía Internacional a Marruecos y al Sahara occidental entre los días 22 de noviembre y 4 de diciembre de 2010, cuyo objetivo era el establecimiento de los hechos. En el marco de esta visita, Amnistía Internacional se reunió con responsables gubernamentales en Rabat y en El Aaiún y se entrevistó con, entre otros, las familias de los Saharauis y de los miembros de las Fuerzas de Seguridad muertos o heridos, con personas próximas a los detenidos, con antiguos detenidos, con defensores de los derechos humanos y con abogados.

C. Human Rights Watch.

Según un extenso y profuso comunicado de la Organización No Gubernamental Human Rights Watch publicado el 26 de noviembre de 2010, las Autoridades marroquíes deberían abrir una investigación sobre la respuesta violenta a los enfrentamientos del 8 de noviembre de 2010.

III. SOBRE LA ALEGADA VIOLACIÓN DEL ARTÍCULO 13 COMBINADO CON LOS ARTÍCULOS 2 Y 3 DEL CONVENIO.

Los demandantes se quejan de no haber gozado, como lo hubiera requerido el artículo 13 del Convenio, de un recurso efectivo para hacer valer sus quejas respecto de los artículos 2 y 3. Las disposiciones invocadas están casi redactadas:

Artículo 2

1. El derecho de toda persona a la vida está protegido por la ley. (…)

Artículo 3

“Nadie podrá ser sometido a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes.

Artículo 13

Toda persona cuyos derechos y libertades reconocidos en el (…) Convenio hayan sido violados, tiene derecho a la concesión de un recurso efectivo ante una instancia nacional (…)

1. Sobre la admisibilidad

El Gobierno alega el no agotamiento de las vías de recurso interno. Alega que tras haber conocido la decisión de la Sala de lo contencioso administrativo de la Audiencia Nacional de no suspender las órdenes de expulsión del territorio nacional tomadas en su contra, los demandantes han recurrido directamente al Tribunal Europeo de Derechos Humanos para solicitar la adopción de medidas provisionales y presentar seguidamente sus demandas. Ahora bien el Gobierno expone que no consta que haya sido presentado ningún recurso contra la decisión de la Audiencia Nacional para poner fin a la suspensión provisional de la ejecución de la expulsión ya sea ante el Tribunal Supremo o ante el Tribunal Constitucional. Asimismo ninguna medida provisional cautelar ha sido solicitada a cualquiera de estas dos jurisdicciones tras el levantamiento de la suspensión por parte de la Audiencia Nacional. Por tanto, las vías de recurso interno no han sido agotadas. Además, los procedimientos sobre el fondo del asunto están todavía tramitándose ante los órganos jurisdiccionales españoles.

En su réplica, los demandantes recuerdan que tras la denegación de sus solicitudes de medidas provisionales formuladas ante la Audiencia Nacional, se les podía expulsar en cualquier momento.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos considera que los argumentos planteados por el Gobierno están estrechamente vinculados a la sustancia de las quejas formuladas por los demandantes. Estima, en consecuencia, que procede tratar las excepciones procesales como una cuestión de fondo (Mohammed c. Austria, no 2283/12, §63, 6 de junio de 2013).

2. Valoración del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

a) Principios generales de aplicación.

Los principios generales relativos a la efectividad de los recursos y de las garantías proporcionadas por los Estados contratantes en caso de expulsión de un solicitante de asilo, en virtud de la combinación de los artículos 13 y 3 del Convenio, se resumen en la sentencia M.S.S. c. Bélgica y Grecia [GC], no 30696/09, §§286-293, TEDH 2011).

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos reitera los principios inherentes al artículo 13 del Convenio, que garantiza la existencia en el derecho interno de un recurso que permite invocar los derechos y las libertades del Convenio tal y como están consagrados. Esta disposición tiene por tanto como consecuencia exigir un recurso interno que habilite examinar el contenido de “una queja defendible” basada en el Convenio y ofrecer la reparación adecuada. El alcance de la obligación que el artículo 13 hace recaer sobre los Estados contratantes varía en función de la naturaleza de la queja del demandante. Sin embargo, el recurso exigido por el artículo 13 debe ser “efectivo” tanto en la práctica como en derecho (Kudła c. Polonia [GC], no 30210/96, §157, TEDH 2000-XI, y M.S.S. c. Bélgica y G, §288).

En esta sentencia M.S.S., el Tribunal Europeo de Derechos Humanos recuerda en primer lugar el carácter subsidiario que reviste, en relación con los sistemas nacionales, el mecanismo de denuncia ante él, ya que él se abstiene de examinar las solicitudes de asilo o de supervisar la manera en que los Estados cumplen sus obligaciones resultantes de la Convención de Ginebra. Su preocupación esencial es la de saber si existen garantías efectivas que protejan al demandante de una expulsión arbitraria al país del que ha huido (§§286 y 287).

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos reconoce un margen de apreciación a los Estados contratantes en lo que “la efectividad de un recurso en el sentido del artículo 13 no depende de la certitud de un desenlace favorable para el demandante. Asimismo la “instancia” a la que se refiere esta disposición no necesita ser una institución judicial, pero entonces sus poderes y las garantías que presenta entran en juego para valorar la efectividad del recurso que se ejercita ante él. Además el conjunto de los recursos ofrecidos por el derecho interno puede cumplir las exigencias del artículo 13 aunque ninguno de ellos dé una respuesta completa por sí solo” (Gebremedhin [Gaberamadhien] c. Francia, no 25389/05, §53, TEDH 2007-II, M.S.S. c. Bélgica y Grecia, §289 y I.M. c. Francia, §129).

En cambio, la efectividad pide exigencias de accesibilidad y de realidad: para ser efectivo, el recurso exigido por el artículo 13 debe estar disponible tanto en derecho como en la práctica, en ese sentido particular que su ejercicio no debe ser obstaculizado de forma injustificada por los actos u omisiones de las autoridades del Estado demandado (Çakıcıc. Turquía [GC], no 23657/94, §112, TEDH 1999-IV, y M.S.S. c. Bélgica y Grecia, §290).

En su examen de los recursos disponibles para los solicitantes de asilo en Grecia, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha reafirmado igualmente que la accesibilidad en la práctica de un recurso es determinante para evaluar su efectividad (M.S.S. c. Bélgica y Grecia, §318).

Por otra parte, la efectividad implica unas exigencias en términos de calidad, de rapidez y de efecto suspensivo, habida cuenta, especialmente, de la importancia que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos concede al artículo 3 y de la naturaleza irreversible del daño susceptible de ser causado en caso de consumación del riesgo de tortura o de malos tratos. Así, “el artículo 13 exige un recurso interno que habilite examinar el contenido de la queja y ofrecer la reparación apropiada, incluso si los Estados gozan de un cierto margen de valoración en cuanto a la manera de someterse a las obligaciones que les impone esta disposición” (Jabari).

La efectividad de un recurso en el sentido del artículo 13 demanda imperativamente un atento control por parte de una autoridad nacional (Chamaïev y otros c. Georgia y Rusia, no 36378/02, §448, TEDH 2005-III), un examen independiente y riguroso de toda queja que por su planteamiento dé motivos para creer en la existencia de un riesgo de trato contrario al artículo 3 (Batıy otros c. Turquía, nos 33097/96 y 57834/00, §136, TEDH 2004‐IV(extractos), De Souza Ribeiro c. Francia [GC], no 22689/07, §82, TEDH 2012). Por otra parte, habida cuenta de la naturaleza irreversible del daño susceptible de ser causado en caso de consumarse el riesgo de tortura o de malos tratos, la noción de recurso efectivo en el sentido del artículo 13 requiere la posibilidad de hacer suspender la ejecución de una medida de expulsión (Jabari, anteriormente citado, §50). El TEDH ha estimado, en efecto, que en materia de expulsión del territorio, un recurso desprovisto de efecto suspensivo automático no cumple las condiciones de efectividad requeridas por el artículo 13 del Convenio (Čonka, §83, Sultani c. Francia, no 45223/05, §50, TEDH 2007-IV (extractos), Gebremedhin, anteriormente citado, §66, Hirsi Jamaa y otros c. Italia [GC], no 27765/09, §200, TEDH 2012, M.S.S. c. Bélgica y Grecia, anteriormente citado, §§290 à293, De Souza Ribeiro, §82). A mayor abundamiento, los mismos principios se aplican cuando la expulsión expone al demandante a un riesgo real de vulneración de su derecho a la vida, amparado por el artículo 2 del Convenio.

Una atención particular se debe prestar a la rapidez del propio recurso ya que no se excluye que la duración excesiva de un recurso lo convierta en inadecuado (Doran c. Irlanda, no 50389/99, §57, TEDH 2003-X).

b) Aplicación en el presente caso de los principios anteriormente mencionados.

 El Tribunal Europeo de Derechos Humanos señala que la cuestión que se plantea en este caso es la de la efectividad de los recursos ejercidos por los demandantes, que son objeto de una medida de expulsión, y que pretenden hacer valer las acciones derivadas de los derechos de los artículos 2 y 3 del Convenio. Si el acceso a estas vías de recurso no está cuestionado como tal, el hecho de que no vaya acompañado de un efecto suspensivo que, durante un período limitado – y no hasta la decisión definitiva sobre el fondo de las solicitudes de protección internacional – es susceptible de menoscabar su efectividad.

A este respecto, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos estima necesario subrayar que, respecto de las demandas relativas al asilo y a la inmigración, como son las de los demandantes, éste se dedica y se limita, dentro del respeto del principio de subsidiaridad, a evaluar la efectividad de los procedimientos nacionales y a asegurarse de que estos procedimientos funcionan dentro del respeto a los derechos humanos (M.S.S. c. Bélgica y Grecia, anteriormente citado, §§286 et 287).

En los casos presentes, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos señala que el hecho de que las jurisdicciones internas prosigan, a día de hoy, el examen de las solicitudes de protección internacional formuladas por los demandantes no permite concluir en el carácter no defendible de sus quejas.

Dicho esto, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en este caso, no tiene que pronunciarse sobre la violación de estas disposiciones si los demandantes deberían ser expulsados. En efecto, compete en primer lugar a las Autoridades españolas, responsables en materia de asilo, el examinar las solicitudes de los demandantes así como los documentos presentados por ellos y evaluar los riesgos que corren en Marruecos. La preocupación esencial del Tribunal Europeo de Derechos Humanos es la de saber si existen, en el presente caso, garantías efectivas que protejan a los demandantes contra una expulsión arbitraria, directa o indirecta, a su país de origen (M.S.S. c. Bélgica y Grecia, anteriormente citado, §298), en cuanto que los recursos de los demandantes sobre el fondo, están pendientes ante las jurisdicciones nacionales.

No se puede excluir que, dentro de un ordenamiento donde la suspensión se concede bajo solicitud, caso por caso, ésta se pudiera denegar incorrectamente, especialmente si se acreditara con posterioridad que la instancia que resuelve en el fondo debiera, de todas formas, anular la decisión de expulsión litigiosa por no respeto del Convenio; por ejemplo porque el interesado hubiera sufrido malos tratos en el país de destino. En tal caso, el recurso ejercido por el interesado no hubiera presentado la efectividad requerida por el artículo 13 (Čonka, anteriormente citado, §82). En este contexto, la excepción del gobierno según la cual los demandantes no han agotado las vías de recurso internos debe ser rechazada. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos recuerda al respecto que cuando un individuo se queja de manera defendible de que su devolución le expondría a un trato contrario al artículo 3 del Convenio, los recursos sin efecto suspensivo no pueden ser considerados como efectivos en el sentido del artículo 35 §1 del Convenio.

Procede subrayar que las exigencias del artículo 13, así como aquellas de las demás disposiciones del Convenio constituyen una garantía jurídica, y no puede depender de la simple buena voluntad o de la práctica habitual. Esta es una de las consecuencias de la preeminencia del derecho, uno de los principios fundamentales de una sociedad democrática inherentes al conjunto de los artículos del Convenio (ver, mutatis mutandis, Iatridis c. Grecia [GC], no 31107/96, §58, TEDH 1999-II).

En el presente caso, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos observa que los demandantes han ejercido las vías de recurso disponibles en el ordenamiento español para reclamar sus pretensiones al amparo de los artículos 2 y 3 del Convenio: han presentado unas solicitudes de protección internacional ante la Oficina de Asilo y Refugio del Ministerio del Interior, que fueron denegadas, así como sus solicitudes de reexamen. Los demandantes presentaron posteriormente recursos contenciosos administrativos contra las decisiones que les perjudicaban, solicitando al mismo tiempo la suspensión de la ejecución de la medida de expulsión en base al artículo 135 de la ley no 29/1998 de 13 de julio de 1998 sobre la jurisdicción contencioso administrativa.

Los temores expresados por los demandantes relativos a los malos tratos susceptibles de ser padecidos en caso de retorno a su país de origen no son, a primera vista y sin prejuzgar de manera alguna la valoración de las jurisdicciones españolas en cuanto a su fundamento, irracionales o manifiestamente desprovistas de fundamento, tanto en razón de la situación general en Marruecos resultante del desmantelamiento del campamento de Gdeim Izik en el Sahara occidental  como de las situaciones particulares alegadas por los demandantes.

Aunque las autoridades españolas sean las únicas competentes para pronunciarse en último extremo sobre la existencia o no de motivos que puedan obstaculizar las expulsiones decretadas respecto de los demandantes, no se puede excluir que existan suficientes elementos para aplazar la ejecución de las decisiones tomadas por la administración hasta tanto que las jurisdicciones internas no hayan examinado de manera detallada y exhaustiva el fundamento de las solicitudes de protección internacional formuladas por los demandantes. Cierto es, que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos es consciente de la necesidad de los Estados que se enfrentan a un gran número de solicitantes de asilo de disponer de los medios necesarios para hacer frente a un tal contencioso, así como de los riesgos de saturación del sistema.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos reconoce que los procedimientos de asilo acelerados, de los que se han dotado numerosos Estados europeos, pueden facilitar la tramitación de las solicitudes claramente abusivas o manifiestamente infundadas. Además ya ha tenido ocasión de considerar que el reexamen de una solicitud de asilo según el modo prioritario no privaba al extranjero que está en un centro de acogida de un examen circunstanciado desde el momento en que una primera solicitud era objeto de un examen completo en el marco de un procedimiento de asilo normal (Sultani c. Francia, no 45223/05, §§64-65, TEDH 2007-IV (extractos)). En el presente caso, y analizando particularmente el caso de los trece primeros demandantes, expuesto en el párrafo 44 anterior, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos observa sin embargo que la Audiencia Nacional había ordenado el 27 de enero de 2011 a la Administración, de suspender provisionalmente las expulsiones durante el tiempo de examen de las solicitudes de medidas provisionales formuladas. Al día siguiente, la Audiencia Nacional decidió sin embargo denegar dichas solicitudes de suspensión de las órdenes de expulsión tomadas contra dichos demandantes, considerando que los motivos alegados en apoyo de sus recursos no permitían concluir ni la existencia en sus alegaciones fácticas de situación de especial urgencia susceptible de justificar una suspensión de cualquier expulsión del territorio nacional ni la pérdida de objeto del procedimiento en cuanto al fondo en caso de ejecución de las medidas de expulsión en cuestión.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos constata que, en el presente caso, el carácter urgente del procedimiento no ha permitido a los demandantes aportar precisiones sobre estos puntos, en el marco de su única posibilidad de suspender las expulsiones, no teniendo el procedimiento por sí mismo, en cuanto al fundamento, carácter suspensivo. Si el Tribunal Europeo de Derechos Humanos reconoce la importancia de la rapidez de los recursos también considera que ésta no debe ser en detrimento de la efectividad de las garantías procesales esenciales que pretenden proteger a los demandantes, de una expulsión a Marruecos (I.M. c. Francia, §§147).

 Subraya que solamente la aplicación del artículo 39 de su Reglamento ha podido suspender la expulsión de los demandantes. En efecto tras la denegación de sus solicitudes de medidas provisionales ante la Audiencia Nacional, nada más impedía la puesta en ejecución de su expulsión.

 Si la efectividad de los recursos en el sentido del artículo 13 del Convenio no depende ciertamente de la certitud de un término favorable para el demandante, el TEDH no puede dejar de observar que, sin su intervención, los demandantes habrían sido expulsados a Marruecos sin que el fundamento de sus recursos hubiera hecho objeto de un examen tan riguroso y rápido como posible (ver, mutatis mutandis, M.S.S. c. Bélgica y Grecia, anteriormente citado, §388), no teniendo, los recursos contenciosos administrativos que habían interpuesto como tales, efecto suspensivo automático susceptible de suspender la ejecución de las órdenes de expulsión pronunciadas en su contra.

Además el Tribunal Europeo de Derechos Humanos constata que los demandantes llegaron a España entre enero de 2011 y agosto de 2012 y que, desde entonces, se encuentran en una situación provisional de incertidumbre jurídica y de precariedad material a la espera de las decisiones definitivas sobre sus recursos. Nadie duda de que una exigencia de celeridad y de diligencia razonable está implícita en este contexto y que no está excluido que la duración excesiva de un procedimiento pueda convertirlo en inadecuado. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos estima que, en cuanto un recurso no tiene efecto suspensivo porque la solicitud de suspensión es denegada, es esencial que en los casos de expulsión en los que están concernidos los artículos 2 y 3 del Convenio y cuando el Tribunal Europeo de Derechos Humanos hace aplicar el artículo 39 de su Reglamento, las jurisdicciones deben hacer prueba de una diligencia de celeridad especial y resolver sobre el fondo dentro de unos plazos cortos. Si éste no fuera el caso los recursos perderían su eficacia.

 El TEDH es consciente de la necesidad de los Estados enfrentados a un gran número de solicitantes de asilo de disponer de los medios necesarios para afrontar un tal contencioso, así como de los riesgos de saturación del sistema. Sin embargo, el artículo 6 del Convenio, así como el artículo 13, obligan a los Estados contratantes a organizar sus jurisdicciones de manera que les permitan responder a las exigencias de esta disposición (ver, mutatis mutandis, Süßmann c. Alemania, 16 de septiembre de 1996, recopilación de sentencias y decisiones 1996-IV, §55).

 En conclusión, los demandantes no disponían de un recurso que cumpliera las condiciones del artículo 13 para reclamar sus pretensiones al amparo de los artículos 2 y 3 del Convenio. Por consiguiente ha habido violación del artículo 13 del convenio combinado con los artículos 2 y 3.

IV. SOBRE LA ALEGADA VIOLACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 2, 3 Y 5 DEL CONVENIO

Los demandantes alegan que su expulsión a Marruecos les expondría a riesgos para su vida y/o padecer tratos inhumanos y degradantes. Invocan los artículos 2, 3 y 5 del Convenio.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos observa que las vías de recurso internos no han sido agotadas como lo exige el artículo 35 §1 del Convenio, los procedimientos, en cuanto al fondo del asunto que dan lugar a las cuestiones planteadas respecto de esas disposiciones del Convenio están todavía pendientes ante las jurisdicciones nacionales, según las informaciones facilitadas por las partes al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Ahora bien el principio de subsidiaridad se opone a que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos examine la alegada violación de derechos respecto de los cuales las jurisdicciones internas no han tenido todavía la oportunidad de pronunciarse en firme.

Por lo que resulta que esta parte de las demandas es prematura y debe ser rechazada de conformidad con el artículo 35 §§1 y 4 del Convenio.

V. SOBRE LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 39 DEL REGLAMENTO DEL TEDH

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos recuerda que, en virtud del artículo 44 §2 del Convenio, una sentencia adquiere firmeza: a) cuando las partes declaran que no solicitarán la remisión del asunto ante la Gran Sala; o b) tres meses después de la fecha de la sentencia, si la remisión del asunto ante la Gran Sala no ha sido solicitado; o c) cuando el colegio de la Gran Sala rechaza la petición de remisión formulada en aplicación del artículo 43.

Considera que las medidas que ha indicado al gobierno en aplicación del artículo 39 de su reglamento deben seguir en vigor hasta que la presente sentencia adquiera firmeza o que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dicte otra decisión sobre el asunto.

VI. ARTICULO 46 DEL CONVENIO

En lo que aquí interesa, el artículo 46 del convenio dice así:

“1. Las Altas Partes Contratantes se comprometen a acatar las sentencias definitivas del Tribunal en los litigios en que sean partes.

2. La sentencia definitiva del Tribunal se transmitirá al Comité de Ministros, que velará por su ejecución.

(…)”

Habida cuenta de las circunstancias particulares del asunto y teniendo en cuenta el hecho de que la violación del artículo 13 del Convenio resulta de la falta del carácter suspensivo de los procedimientos judiciales relativos a las solicitudes de protección internacional presentadas por los demandantes, y del hecho de que están aún pendientes a día de hoy, habiendo llegado los primeros demandantes solicitantes de asilo a España en enero de 2011, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos estima que el Estado demandado deberá garantizar, jurídica y materialmente, mantener a los demandantes en territorio español durante el examen de sus causas y hasta tanto la decisión interna definitiva en cuanto a sus solicitudes de protección internacional sea pronunciada.

VII. SOBRE LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 41 DEL CONVENIO

Según los términos del artículo 41 del Convenio,

“Si el Tribunal declara que ha habido violación del Convenio o de sus Protocolos y si el derecho interno de la Alta Parte Contratante sólo permite de manera imperfecta reparar las consecuencias de dicha violación, el Tribunal concederá a la parte perjudicada, si así procede, una satisfacción equitativa.”

 Los demandantes no han presentado ninguna solicitud de satisfacción equitativa

POR ESTOS MOTIVOS, EL TEDH, POR UNANIMIDAD,

1. Decide acumular las demandas;

2. Examinar conjuntamente con el fondo la excepción de no agotamiento de las vías de recurso internos respecto de la queja referida al artículo 13 del Convenio y la rechaza;

3. Declara admisibles las demandas en cuanto a la queja respecto del artículo 13 combinado con los artículos 2 y 3 del Convenio, e inadmisibles en lo demás;

4. Falla que ha habido violación del artículo 13 del Convenio combinado con los artículos 2 y 3;

5. Decide continuar indicando al Gobierno, en aplicación del artículo 39 de su Reglamento, que es deseable, en el interés del buen desarrollo del procedimiento, no expulsar a los demandantes hasta tanto la presente sentencia no adquiera carácter de firmeza o que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dicte otra decisión al respecto;

6 Falla que, habida cuenta de las circunstancias particulares del caso, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos estima que el Estado demandado debe garantizar mantener a los demandantes en territorio español durante el examen de sus causas y hasta tanto la decisión interna definitiva en cuanto a sus solicitudes de protección internacional sea pronunciada.

Esperamos os haya sido interesante este artículo.

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Saludos.

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