El protocolo 15

El protocolo 15

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos se ha visto, en los últimos años, con dificultades para poder hacer frente a todas las demandas presentadas. En diciembre de 2011 el Tribunal Europeo de Derechos Humanos tenía 151.624 asuntos pendientes de tramitación, si bien, aproximadamente el 70% de estas solicitudes tenían su origen en seis de los 47 Estados que forman el Consejo de Europa. En concreto, la Federación Rusa agrupa casi el 30% del total de las demandas y el resto están repartidas entre Italia, Polonia, Rumania, Turquía y Ucrania.

Bajo los auspicios de la presidencia británica del Comité de Ministros del Consejo de Europa, se celebró en Brighton (18-20 de abril de 2012) la Conferencia de Alto Nivel sobre el Futuro del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en la que los Estados parte del Convenio Europeo de Derechos Humanos (en lo sucesivo, CEDH) se reunieron con el objetivo de aliviar la sobrecarga de casos que agrupa el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Fruto de esta reunión es la Declaración de Brighton, donde se establecen las bases que deben impulsar la reforma de Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

 

Antecedentes y contexto

1.- La reforma del Protocolo  14 al CEDH

El 13 de mayo de 2004, a consecuencia del alto número de demandas presentadas en Estrasburgo a las que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos no podía dar respuesta, se adoptaron una serie de medidas en el seno del Consejo de Europa que se introdujeron mediante el Protocolo n o 14 al CEDH.

Con el Protocolo 14 no se pretendía proceder a una transformación del mecanismo de garantía establecido por el Protocolo 11 (en vigor desde 1998), sino dotarle de los instrumentos necesarios para acabar con la acumulación de demandas y con la excesiva duración de los procedimientos, según el Informe Explicativo que acompaña al Protocolo no 14 al CEDH.

Entre otras medidas, se pensó en fortalecer el procedimiento de ejecución de las sentencias para que los Estados miembros cumplieran con su obligación de implementar las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y recuperar así la subsidiariedad del sistema europeo de garantía.

También se introdujo la figura del Juez único al que se le otorgó la competencia para dictar decisiones de inadmisión cuando la demanda fuera claramente inadmisible y no requiriera un examen más detenido. Esta reforma ha permitido la inadmisión de aproximadamente 50.000 demandas desde que entró en vigor el Protocolo 14.

Se introdujo un nuevo criterio de inadmisión de las demandas, en aquellos casos en los que el demandante no hubiese sufrido un “perjuicio significativo“, a menos que el respeto de los derechos humanos garantizados por el CEDH y por sus Protocolos exigiese un examen del fondo de la demanda, y con la condición de que no se podría rechazar por este motivo ningún asunto que no hubiese sido debidamente examinado por un tribunal nacional.

Otro aspecto que se abordó fue el tema de las demandas repetitivas, para afrontar este problema se atribuyó a los Comités de tres Jueces la competencia para dictar sentencia en aquellos asuntos que existiese jurisprudencia consolidada del Tribunal.

Aunque el Protocolo 14 fue aprobado en 2004, no entró en vigor hasta el 1 de junio de 2010, debido al atraso de Rusia en ratificarlo. Es por este motivo que se adoptó en 2009 el Protocolo n o 14 bis. A pesar de que hace muy poco tiempo que las medidas están siendo implementadas, se pueden ver claramente los logros y la eficacia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos desde la entrada en vigor del Protocolo, sobre todo en la reducción del número de casos atrasados.

 

2.- Desde la Declaración de Interlaken hasta la Declaración de Brighton.


Antes de la entrada en vigor del Protocolo n o 14 al CEDH, a finales de 2009 se inicia un nuevo proceso de reforma que concluye con la Declaración de Interlaken el 19 de febrero de 2010.

El nuevo proceso de reforma del Tribunal Europeo de Derechos Humanos se inició durante la presidencia suiza del Comité de Ministros del Consejo de Europa. Entre los ejes centrales de la reforma se encuentra la responsabilidad de los Estados en el cumplimiento del CEDH con el objetivo de reducir la carga de asuntos. Se hace un llamamiento a reforzar la aplicación del CEDH por las instituciones nacionales.

La Declaración de Interlaken atribuye al Comité de Ministros la competencia para estudiar un sistema de admisión preliminar de demandas que sirva de filtro y que vaya más allá del procedimiento de Juez único. Como solución para las demandas repetitivas se propone atribuir su resolución al Juez encargado del filtro.

Una de las principales preocupaciones de la Declaración de Interlaken es que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos no se convierta en una cuarta instancia que examine cuestiones de derecho nacional que ya hayan sido resueltas por los tribunales internos.
Tras la Declaración de Interlaken, en abril de 2011, la presidencia turca del Consejo de Ministros del Consejo de Europa convocó una Conferencia en Izmir que culminó con la Declaración de Izmir donde se puso en debate la imposición de un depósito previo a la interposición de la demanda, la regulación de un sistema de multas para aquellos demandantes que interpongan demandas abusivas, o la obligación de la asistencia letrada desde el inicio del procedimiento.

Seguidamente, cuando el Reino Unido asumió la presidencia del Comité de Ministros del Consejo de Europa, dio un nuevo impulso al proceso de reforma del TEDH que finalizó con la aprobación de la Declaración de Brighton el 20 de abril de 2012.

Aparentemente el proceso se impulsó para aligerar la carga del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pero lo cierto es que el Reino Unido ha mostrado claras reticencias a la hora de cumplir las últimas sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, por entender afectada su soberanía. Un ejemplo claro es el asunto Hirst c. Reino Unido 2 (2005), relativo al derecho de voto de los presos o, el asunto Othman (Abu Qatada) c. Reino Unido (2012), sobre la expulsión de un supuesto líder de Al Qaeda a Jordania. En este sentido, el Primer Ministro, David Cameron, el 25 de enero de 2012 pronunció un discurso ante la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa manifestando su preocupación por el margen de apreciación de los Estados en la interpretación y aplicación del CEDH, y por la tendencia de convertir el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en una instancia más.

Finalmente, la Declaración de Brighton fue aprobada, aunque las modificaciones adoptadas distan de lo que perseguía en principio el Reino Unido.

 

Propuestas de reforma

1.- Propuesta del Comité Director para los Derechos Humanos del Consejo de Europa


El Comité Director para los Derechos Humanos del Consejo de Europa (en lo sucesivo, CDDH) es un órgano subsidiario del Comité de Ministros encargado de supervisar y coordinar la labor intergubernamental del Consejo de Europa en materia de derechos humanos, y asesorar al Comité de ministros sobre todas las cuestiones dentro de su esfera competencial, teniendo en cuenta las correspondientes perspectivas transversales. A tal efecto, el CDDH está llamado a elaborar normas comunes para los 47 Estados miembros y cumplir con cualquier otra actividad que le asigne el Comité de Ministros.

Por mandato del Comité de Ministros, el CDDH planteó una serie de medidas con el objetivo de que fueran debatidas en la Conferencia de Brighton. Entre ellas las siguientes:

1)  La imposición de tasas para los demandantes mediante un sistema de depósito obligatorio como requisito previo a la presentación de la demanda.

2)  La representación obligatoria por parte un abogado desde el inicio del procedimiento.

3)  La inadmisión de demandas sustancialmente idénticas, que hayan sido anteriormente consideradas por un Tribunal nacional, excepto en el caso que el Tribunal nacional esté claramente equivocado en la interpretación del CEDH o que la demanda plantee una cuestión grave relativa a la interpretación o aplicación del CEDH.

4)  El decaimiento automático de casos que no hayan sido fallados por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en un plazo determinado.

 

2.- Proyecto de Declaración Final de la Conferencia de Brighton por parte del Reino Unido


Además de las propuestas anteriores, el Reino Unido presentó un proyecto de Declaración Final de la Conferencia de Brighton en el que se impulsaría:

1)  La reforma del CEDH para reducir el plazo máximo de la presentación de las demandas ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos a entre dos o cuatro meses (frente a los seis actuales) desde la última decisión a escala nacional.

2)  La introducción del principio de subsidiariedad y la doctrina del margen de apreciación en el propio CEDH.

3)  La posibilidad de imponer sanciones pecuniarias a los demandados que presenten, a juicio del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, peticiones carentes de fundamento o abusivas.

 

3.- La reacción de las ONG y de la sociedad civil

Cuando el Gobierno británico dio a conocer las propuestas de reforma que presentaría en la Conferencia de Alto Nivel sobre el Futuro del TEDH para que fueran aprobadas, la Conferencia de ONG del Consejo de Europa se pronunció evaluando que las modificaciones aportadas restringían peligrosamente el acceso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y la reivindicación de sus derechos a las personas más vulnerables.

La Confederación Catalana de ONG por la Paz, los Derechos Humanos y el Desarrollo solicitó al Ministro de Justicia (Alberto Ruiz-Gallardón) y al Ministro de asuntos Exteriores y de Cooperación (José Manuel García-Margallo) que no apoyaran las modificaciones propuestas por la delegación británica, por considerar que la “línea de reforma seguida era regresiva y ponía en cuestión los fundamentos del más avanzado sistema de protección de los derechos humanos a escala mundial“. La Confederación insistió en que, de aprobarse estas reformas, “se disminuiría gravemente la protección de los derechos humanos de las víctimas más vulnerables” y lo que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos necesitaba con urgencia era “apoyo financiero y recursos humanos por parte de los Estados miembros del Consejo de Europa“.

La Comisión de Justicia y Paz de España también se dirigió al Gobierno español para que no apoyara la reforma.

El resultado de la Declaración de Brighton: Consecuencias de la reforma;

Durante la Conferencia de Alto Nivel sobre el Futuro del Tribunal Europeo de Derechos Humanos celebrada en Brighton (18-20 de abril de 2012) a petición del Reino Unido se aprobó la Declaración de Brighton.

Los esfuerzos llevados a cabo por las ONG de Europa tuvieron una importante incidencia en el resultado de Brighton que acuerda una serie de modificaciones que distan de lo que interesaba al Reino Unido, el UK Constitutional Law Group publicó: “Si bien la Declaración de Brighton puede haber hecho unos cambios suficientemente ambiguos como para permitir al Reino Unido reclamar algún tipo de éxito político, la realidad es que los cambios son, por el momento marginales“.

 

1- Medidas aprobadas en Brighton

La Declaración de Brighton ha supuesto la aprobación por unanimidad de una serie de medidas que en la mayoría de casos no se traducen en un avance del sistema de protección de Derechos Humanos en Europa, entre las que encontramos:

1) Criterios más estrictos de admisibilidad. El plazo para presentar las solicitudes ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos pasa de seis a cuatro meses, siendo la propuesta británica de dos meses. Además, modifica el criterio de “perjuicio significativo” que se había introducido en el Protocolo n o 14. Los casos que no presenten un “perjuicio significativo” deberán ser inadmitidos por parte del Tribunal Europeo de Derechos Humanos aunque no se hayan analizado correctamente por parte de las instancias nacionales. Por otro lado, aquellos casos que hayan sido debidamente analizados a nivel estatal se considerarán manifiestamente infundados.

La modificación acordada en el CEDH de reducir a cuatro meses la fecha límite de presentación de las solicitudes, puede suponer un obstáculo para acceder al Tribunal Europeo de Derechos Humanos y conseguir un resarcimiento por violaciones de derechos humanos prohibidas en el CEDH. Debemos tener en cuenta que no es fácil conseguir el asesoramiento jurídico adecuado ni un abogado especialista en la materia. Se debe considerar que para muchos Estados miembros del Consejo de Europa, el sistema del Tribunal Europeo de Derechos Humanos es un verdadero desconocido, los individuos ignoran que existe un recurso a nivel regional que garantiza la protección de los derechos humanos.

Coincidimos con Amnistía Internacional que este cambio “puede acabar menoscabando la calidad sustantiva de las solicitudes, especialmente en los casos en que el acceso al asesoramiento jurídico y asistencia letrada es limitado“.

En cuanto al criterio de “perjuicio significativo“, la Declaración aprueba que se modifique el art. 35.3 b) del CEDH y se suprima la cláusula de salvaguardia que permite no rechazar casos por falta de “perjuicio significativo” si no han sido examinados por los tribunales nacionales, esto se traduce en un retroceso en las garantías establecidas hasta ahora en el CEDH, ya que los criterios de admisibilidad deben interpretarse según el CEDH, siendo la única forma de garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva.

Por otra parte, la Declaración no puede decirle al Tribunal Europeo de Derechos Humanos que debe rechazar como manifiestamente infundadas las demandas que presenten quejas que hayan sido debidamente examinadas por un tribunal interno aplicando su propia jurisprudencia. Esta es una forma de perturbar la independencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos a la hora de interpretar los propios criterios de admisibilidad.

Asimismo, Amnistía ha apuntado que “en la Declaración de Brighton se llama al Tribunal Europeo de Derechos Humanos como debe interpretar los criterios de admisibilidad contenidos en el CEDH. Estos criterios indican las condiciones que deben cumplir las solicitudes para que el TEDH examine las demandas de particulares. La interpretación correcta de ellos es esencial para garantizar el acceso efectivo a la justicia“.

Se pretende reducir el número de solicitudes que llegan al Tribunal Europeo de Derechos Humanos poniendo trabas a los individuos en el acceso, en lugar de reforzar los mecanismos nacionales para que los Estados cumplan su compromiso de aplicar el CEDH y la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

2) Se ha acordado introducir en el Preámbulo del CEDH la consolidación del principio de subsidiariedad y la doctrina del margen de apreciación.

El hecho de haber introducido en el Preámbulo del CEDH el principio de subsidiariedad y la doctrina del margen de apreciación significa abrir la posibilidad a los Estados de utilizar esta doctrina en casos que hasta ahora sólo se utilizaba con determinados derechos, derechos que ponían de manifiesto las diferencias culturales entre los Estados debido a la heterogeneidad y a la falta de consenso de los miembros que forman el Consejo de Europa. Un ejemplo es la sentencia de la Gran Sala en el asunto Lautsi c. Italia (2011), relativo a los crucifijos en las escuelas italianas.

Existe la posibilidad de que los Estados utilicen esta doctrina fuera de contexto, hasta ahora empleada en los artículos 8 a 11 CEDH, y no hagan uso de los criterios establecidos por la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Es bien sabido que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos utiliza estos principios en su jurisprudencia ya que se considera como parte de su función.

Tal y como ha señalado Michael Bochenek, director de Derecho Internacional y Política de Amnistía Internacional, la Declaración de Brighton propone modificar el CEDH para introducir estos principios y ejercer presión sobre el Tribunal Europeo de Derechos Humanos para darles prominencia a la hora de aplicar el CEDH. Esto supone una intromisión en la función independiente del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de interpretar el CEDH.

3) Se invita a los Estados parte a realizar donaciones voluntarias al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, así como implementar la Declaración.

Si bien es cierto que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos necesita recursos económicos para llevar a cabo de forma exitosa su tarea, no se puede dejar a la voluntad de los Estados la contribución económica. Debería haber incorporado una obligación de dotación de recursos económicos y financieros en los Estados.

La Declaración se centra más en imponer obligaciones al Tribunal Europeo de Derechos Humanos que a los propios Estados, ejemplo de ello es la falta de medidas concretas para asegurar la correcta aplicación del CEDH a nivel nacional. Medida que contribuiría en gran medida a aliviar la carga del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

 

4) Los Estados podrán considerar introducir medidas a nivel nacional para aplicar efectivamente el CEDH. Entre las medidas que se proponen se encuentran:

a)  El establecimiento de una institución nacional independiente de derechos humanos;

b)  La implementación de medidas prácticas para garantizar que las políticas y la legislación cumpla plenamente con el CEDH, en particular ofreciendo información a los parlamentos nacionales sobre la compatibilidad entre el CEDH y los proyectos de ley propuestos por el Gobierno;

c)  Introducción de nuevos recursos jurídicos de carácter específico o general para presuntas violaciones de derechos humanos consagrados en el CEDH;

d)  Tener en cuenta la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos durante el transcurso del procedimiento a escala nacional y en el momento de dictar las resoluciones;

e)  Proporcionar información a los funcionarios públicos, jueces, abogados y procuradores.

La introducción de medidas en el plano nacional para asegurar el cumplimiento del CEDH debería ser un mandato obligatorio bajo sanción para los Estados incumplidores, ya que la única forma que hay para no llegar al Tribunal Europeo de Derechos Humanos es que los individuos vean garantizados sus derechos humanos en las propias instancias nacionales.

5) El Tribunal Europeo de Derechos Humanos podrá desempeñar un papel asesor (opiniones consultivas) para los tribunales nacionales que, de forma opcional, requieran su opinión en cuanto a jurisprudencia.

Esta nueva competencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos es una medida positiva que va en la línea de acabar con el gran volumen de casos repetitivos. Ahora bien, esta modificación no cumplirá su objetivo si los Estados no aplican los cambios legislativos necesarios para cumplir el CEDH o no utilizan como referencia la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En este sentido, los Estados deberían incorporar en su legislación la obligatoriedad de resolver los casos de conformidad con las opiniones consultivas que haya emitido el TEDH sobre un determinado asunto y decidir qué órgano judicial nacional podrá solicitar la opinión. Además, se debería introducir la posibilidad de que las partes puedan solicitar al juez nacional que eleve una cuestión cuando se planteen dudas sobre la conformidad de una ley o jurisprudencia nacional con el CEDH. En definitiva, debería funcionar como las cuestiones prejudiciales que se plantean frente el Tribunal de Justicia de la Unión Europea o, en el caso español, como las cuestiones de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional.

 

2- Valoración de las medidas

El conjunto de modificaciones aprobadas en Brighton no sirven para aligerar el volumen de trabajo del Tribunal y algunas incluso menoscaban su independencia y restringen el acceso de las personas a la justicia. Amnistía considera que “si los Estados miembros están realmente dispuestos a garantizar el futuro del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, deben estarlo también para aplicar el CEDH y ejecutar las decisiones del Tribunal”.

Una de las principales dificultades del Tribunal Europeo de Derechos Humanos es la gran acumulación de casos repetitivos. Según apuntó Bochenek estos casos se deben a la persistente falta de medidas de los Estados para cumplir las obligaciones que han contraído en materia de derechos humanos y dice: “aunque la Declaración de Brighton reconoce el problema, sigue sin aportar soluciones enérgicas”. Añade que “deben ponerse a disposición del Consejo de Europa herramientas más sólidas con las que ejercer presión efectiva sobre los Estados que continúan desoyendo las decisiones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos”.

Por otro lado, Amnistía ha declarado su descontento por la pasividad que contiene la Declaración de Brighton respecto a la “necesidad de hacer algo contra las violaciones reiteradas del CEDH y el incumplimiento de las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, (…) mostrando una preocupante imagen de los Estados diciendo al Tribunal cómo debe interpretar el CEDH. ” Además, lamenta que la Declaración, lejos de establecer una ambiciosa agenda para garantizar la viabilidad del sistema del CEDH, “al final acaba en gran medida eludiendo las cuestiones difíciles, al tiempo que viola la independencia y la autoridad del Tribunal Europeo de Derechos Humanos”.

3- Adopción y entrada en vigor de la reforma

Como hemos dicho anteriormente, el 20 de abril de 2012 se adoptó la Declaración de Brighton por parte de los ministros de los países del Consejo de Europa. Tras la firma del documento, continuará el proceso de reforma del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Todas aquellas medidas contempladas en la Declaración que impliquen la modificación del texto del CEDH, se deberán adoptar en forma de protocolo de enmienda, y será necesaria la firma y ratificación de los 47 Estados miembros del Consejo de Europa para su entrada en vigor. Así pues, a finales de 2013, el Comité de Ministros deberá adoptar el instrumento que proponga la modificación de los criterios de admisibilidad de las demandas y la inclusión en el preámbulo del CEDH de los principios de subsidiariedad y margen de apreciación.

En cuanto a la posibilidad de los tribunales nacionales de solicitar opiniones consultivas al Tribunal Europeo de Derechos Humanos respecto a la interpretación del CEDH, la Conferencia invita al Comité de Ministros a elaborar y adoptar un protocolo facultativo, distinto del anterior, a finales de 2013. El protocolo sólo generará obligaciones para los Estados que lo ratifiquen.

A largo plazo se prevé, entre otras medidas, que los Estados miembros puedan iniciar el examen del procedimiento para la supervisión de la ejecución de las sentencias del TEDH; que se establezca cuál es el papel del Comité de Ministros en este proceso. Como primer paso, se invita al Comité de Ministros a llegar a una conclusión provisional sobre estas cuestiones antes de finales de 2015.

Por último, en la Declaración de Brighton hay una serie de recomendaciones la implementación de las cuales queda a cargo directamente de los Estados miembros.

Conclusiones

Los 47 Estados miembros del Consejo de Europa han acordado una declaración que, a pesar de contener algunas medidas positivas, no da una solución a las dificultades del Tribunal Europeo de Derechos Humanos para hacer frente a todas las demandas que se le plantean.

Las medidas que se han adoptado en Brighton no van encaminadas a aligerar la carga actual del TEDH, sino que simplemente se trata de evitar las sanciones que impone el Tribunal Europeo de Derechos Humanos a los Estados por los incumplimientos del CEDH.

El Presidente de la Asamblea Parlamentaria de la Conferencia de Brighton, el Sr. Jean-Claude Mignon, en la Declaración de apertura recordó que el exceso de solicitudes que hay en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos es fruto de la falta de protección de los derechos humanos por parte de los Estados. Mignon hizo referencia a que el 27% de las solicitudes que se presentan provienen de un solo de los Estados miembros y, un 80% provienen de 10 de los 47 Estados que forman parte del CEDH.

Por su parte, el Sr. Nicolas Bratz, Presidente del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, no se mostró conforme con la intención de los Estados de incidir en las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, mermando así su independencia. Además, añadió que 30.000 de los casos abiertos están relacionados con vulneraciones reiteradas del CEDH y que los Estados han fallado en su tarea de tomar los pasos necesarios para evitar la problemática subyacente que ya ha marcado el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en ocasiones anteriores.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos es un mecanismo muy importante para asegurar la protección de los derechos humanos y así lo ha estado haciendo hasta ahora. Añadir nuevos criterios de admisibilidad de demandas significa restringir el derecho de los individuos al resarcimiento de sus derechos consagrados en el CEDH.

En cuanto al criterio del “perjuicio significativo“, tal y como se ha establecido en la Declaración de Brighton podría dar lugar a que cada Estado miembro interpretara de manera diferente este criterio y, en consecuencia, se desestimaran casos bien fundamentados.

Estimamos que las reformas hubieran tenido que ir encaminadas a garantizar un mejor cumplimiento del CEDH en el ámbito nacional, y a reforzar la vigilancia del cumplimiento de las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos por parte del Comité de Ministros del Consejo de Europa.

Los Estados y los órganos jurisdiccionales nacionales deben asumir que son ellos los que han de aplicar, en primer lugar, los derechos contemplados en el CEDH y en sus respectivos Protocolos, así como la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Es necesaria la adopción de recursos efectivos en las instancias nacionales a las que los particulares puedan acudir cuando se hayan vulnerado los derechos y libertades reconocidos en el CEDH, tal y como exige el art. 13 del mismo.

Paralelamente, las legislaciones nacionales de los Estados miembros deberían incorporar un mandato sobre la conformidad interpretativa de los derechos y libertades con el CEDH y la posibilidad de los demandantes de invocar la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos ante las instancias judiciales nacionales.

Por otra parte, la recomendación que la Declaración de Brighton hace a los Estados en cuanto a la posibilidad de crear una institución de control de los derechos humanos a nivel nacional, debería haber sido un mandato imperativo en lugar de quedar su creación a la voluntad de los estados. Esta institución, de adoptarla, debería constituirse de acuerdo con los Principios de París, garantizando su independencia y pluralismo. Entre sus competencias estaría la presentación al Gobierno y al Parlamento de dictámenes, recomendaciones, propuestas e informes relativos a la protección y promoción de los derechos humanos, realizando un control sobre los proyectos y proposiciones de ley, las disposiciones legislativas y administrativas, así como las relativas a la organización judicial. La institución debería poder recomendar la aprobación de una nueva legislación, la modificación de la legislación en vigor y la adopción de medidas administrativas o su modificación, entre otras competencias.

Por lo anterior, coincidimos con Amnistía Internacional en que “este retroceso es una oportunidad perdida de contar con incentivos efectivos para que los Estados dejen de hacer caso omiso a las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos”.

Por último, es necesario poner de relieve que gracias a las presiones de las ONG y el apoyo de algunas delegaciones de Estados se decidió no incluir en la Conferencia de Brighton medidas como la representación obligatoria por parte de un abogado desde el inicio del procedimiento, las tasas judiciales a los demandantes por medio de un depósito obligatorio para poder presentar la demanda, un nuevo criterio de admisibilidad que permitiera declarar inadmisibles los casos ya examinados debidamente a nivel nacional, o la llamada “sunset clause” (decaimiento de los casos no decididos en un plazo determinado). Este es un ejemplo de la incidencia que las ONG y la sociedad civil tienen en la protección de los derechos humanos, más en un momento en que parece que la solución a los problemas económicos pasa por una restricción de las garantías de los individuos.

Quedamos a la espera de conocer vuestras impresiones. Saludos.

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